La notaria Valeria Ronchera atraviesa un complejo escenario público y judicial tras ser acusada de un millonario fraude en Zapallar, Región de Valparaíso. Esta denuncia surge a raíz de la transferencia irregular de una propiedad avaluada en $1.600 millones.

El caso salió a la luz cuando el abogado Luis Alberto Aninat descubrió que él y su esposa habían sido suplantados en la venta del terreno, de tres mil metros cuadrados. La operación se concretó mediante el uso de documentos falsos en la 10° Notaría de Santiago, liderada precisamente por la abogada Ronchera.

Frente a esta situación, Aninat solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago la remoción de la ministra de fe, argumentando un posible dolo en su actuación, un hecho sancionado por el Código Penal. Sin embargo, el panorama judicial de Ronchera sumó un nueva problema.

El pasado miércoles 6 de mayo, el empresario inmobiliario Mauricio Truan Alonso presentó una demanda ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, solicitando declarar la liquidación forzosa de la notaria.

“Fundo la presente solicitud en la deuda vigente por un reconocimiento de deuda que no ha sido cancelado por la demandada, la cual asciende a $418.000.000”, señala el escrito al que tuvo acceso Pulso.

En el documento, el ingeniero comercial indica que dejó constancia de que ha intentado contactar extrajudicialmente a la deudora, sin obtener ningún indicio de voluntad para iniciar el pago.

“La deudora ha cesado en el pago de la obligación antes señalada, la que consta en títulos que tienen mérito ejecutivo. Por lo tanto, la causal alegada se encuentra plenamente justificada y, tras la tramitación de rigor, procede declarar la liquidación forzosa de la empresa deudora”, consignó la demanda.

Se trata de la segunda demanda de liquidación forzosa que enfrenta la notaria. Primus Capital solicitó al 6º Juzgado Civil de Santiago el 9 de agosto de 2023 la quiebra de la ministra de fe por el no pago de una deuda que asciende a $215 millones. Hoy la causa sigue pendiente de fallo.

Deuda

El origen de la deuda se remonta a 2022, cuando Truan le vendió a la notaria unas parcelas ubicadas en la comuna de Curacaví.

Según los antecedentes expuestos por la parte demandante, los intentos de cobro extrajudicial se estancaron luego de que se cortaran las comunicaciones. Frente a las exigencias, la postura de la notaria Ronchera ha sido matizar la deuda, argumentando que sí realizó pagos parciales, aunque sin lograr saldar la totalidad de la obligación. Desde la vereda del demandante enfatizan que las parcelas en Curacaví ya son propiedad de la abogada y que el conflicto radica, de forma exclusiva, en el no pago del precio del contrato.

Desde la defensa del empresario señalaron que la presentación de esta demanda de liquidación forzosa responde a una estrategia estrictamente “práctica”. Aseguran no tener interés en verse involucrados en las polémicas públicas o posibles fraudes que rodean a la ministra de fe, sino que su único objetivo es la recuperación de los fondos tras el cese de pagos.

Paralelamente a esta arremetida contra Ronchera, el empresario Mauricio Truan mantiene su propia batalla legal. El ingeniero se enfrenta con la empresa de factoring Primus Capital, entidad que le exige el pago de un crédito por $300 millones.

De acuerdo con la versión de Truan, este cobro sería producto del abuso de un mandato comercial asociado a una línea de crédito abierta. La defensa del empresario acusa que, si bien la empresa financiera utilizó su facultad para suscribir los documentos de deuda, el dinero de dicho crédito jamás le fue entregado.

Descargos

Contactada la notaria Valeria Ronchera frente a la demanda de liquidación forzosa respondió:

“Me sorprende muchísimo porque no se me ha notificado absolutamente nada de esto, por lo que es difícil opinar sobre algo que no se conoce ni los fundamentos ni los documentos en que se basa para ejercer una acción de ésta naturaleza. Además con esta persona mantenemos juicios cruzados, tanto en materia civil como penal desde varios años. Tendría que ver la documentación en que se está fundamentando porque pude ser la misma que ha utilizado en las otros juicios”.

Frente a la petición de remoción impulsada por Luis Alberto Aninat, Valeria Ronchera desestimó la ofensiva y acusó irregularidades en la tramitación del proceso. Según argumentó, el sumario se inició de oficio y nunca se le notificó formalmente de una denuncia en su contra por parte de Aninat.

La notaria destacó que su suspensión ya fue revocada en diciembre por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago al ser considerada desproporcionada. Dicha resolución se basó en las pruebas aportadas por su defensa cuando la investigación ya estaba cerrada y con su informe final emitido.

Asimismo, Ronchera cuestionó las incongruencias de la indagatoria, advirtiendo que un exempleado clave del caso logró declarar en el sumario administrativo, pero se mantiene inubicable para la PDI y el Ministerio Público. También explicó que un segundo sumario derivado de esta causa, abierto por una supuesta falta de colaboración, ya fue sobreseído y archivado.