Con el caso Australis en una fase decisiva, el equipo jurídico encabezado por los abogados Alberto Eguiguren, Jorge Bofill y Gabriel Zaliasnik sumó a sus filas al reconocido penalista Hugo Rivera. Su llegada busca fortalecer la defensa en las semanas clave que enfrenta la investigación.

“Con mucho gusto me he incorporado al equipo de abogados que tiene a cargo la defensa de los intereses de Joyvio, pues se trata de una investigación formalizada sobre delitos cometidos en una de las transacciones más grandes de la historia de Chile, que afectan seria y ampliamente no solo intereses particulares, sino a la institucionalidad chilena y su reputación frente a los inversionistas que confían en nuestro país y sus empresarios”, dijo el abogado Hugo Rivera a Pulso.

El origen del caso Australis se remonta a la millonaria adquisición de la salmonera por parte del gigante chino Joyvio al empresario Isidoro Quiroga en 2019, una operación que se tornó conflictiva cuando los nuevos dueños denunciaron que se les ocultó sistemáticamente una sobreproducción ilegal que excedía los límites ambientales permitidos.

La disputa escaló formalmente al ámbito penal con la presentación de una querella criminal por estafa y administración desleal en junio de 2023, en la cual Joyvio acusa a la administración anterior de haber fraguado un esquema para inflar el valor de la compañía mediante prácticas que hoy mantienen a la empresa bajo un intenso escrutinio regulatorio y judicial.

El 1 de agosto de 2025, el tribunal arbitral, integrado por los abogados Pedro Pablo Vergara, Andrés Jana y Ramón Cifuentes, acogió la demanda presentada por la empresa china Joyvio (controladora de Australis Seafoods) en contra de Isidoro Quiroga.

En su resolución, el tribunal determinó que durante la venta de la salmonera en 2019 se produjo una omisión de información relevante respecto a los excesos de producción que afectaban a la compañía, lo que derivó en una condena para Quiroga y sus sociedades al pago de una indemnización total cercana a los US$300 millones. De este monto, aproximadamente US$217 millones correspondieron al sobreprecio pagado en la transacción, mientras que el resto se desglosó en intereses y costas procesales.

Posteriormente, la defensa del empresario acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago interponiendo un recurso de nulidad en contra del laudo arbitral.

En esta etapa, los abogados de Isidoro Quiroga centraron su ofensiva en cuestionar la validez del proceso, argumentando que el tribunal arbitral habría incurrido en vicios graves.

Por otro lado, en sede penal el caso se encuentra en la etapa de ir cerrando la investigación. Para lograr esto, la semana pasada el 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó una ampliación del plazo por 60 días adicionales. Esta es la tercera vez que se extiende este periodo en la causa.

Hoy en día se están realizando las últimas diligencias para concluir esta etapa. Entre los trámites pendientes destaca un peritaje de perjuicios que debe entregar el Lacrim, además de la toma de declaración del director de Sernapesca en Aysén. Otras diligencias, como la declaración del CEO de Joyvio, Chen Shaopeng, ya se realizaron al inicio de la indagatoria.

Conocedores del proceso señalaron que un punto clave de esta fase final es la solicitud de antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El objetivo de esto no es incluir delitos ambientales en la causa, sino conocer el estado de los procesos administrativos por infracciones de sobreproducción, ya que son estos los que generan los perjuicios del caso.

Proceso

Una vez que se cierre formalmente la investigación en sede penal, el paso siguiente es que el Ministerio Público presente la acusación contra las personas formalizadas.

Hoy el caso está en manos del fiscal Juan Pablo Araya de la Fiscalía Local de Las Condes. Él asumió el caso luego de que la fiscal original, Constanza Encina, saliera con permiso de pre y postnatal.

Aunque la fiscal Encina ya regresó de su permiso, tuvo que hacerse cargo de forma inmediata del caso que involucra al exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez. Debido a su alta carga de trabajo con esa contingencia, Araya se mantuvo al frente de esta investigación.