El viernes pasado, panaderos industriales de Iquique y Alto Hospicio contestaron el requerimiento que interpuso la Fiscalía Nacional Económica (FNE) el pasado 3 de abril ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). En ese escrito, la agencia antimonopolio acusó a doce personas naturales y jurídicas de haber ejecutado un acuerdo colusorio para fijar precios mínimos mayoristas del pan en la provincia de Iquique entre noviembre de 2019 y agosto de 2022.

La FNE sostuvo que las panaderías concertaron alzas en los precios del pan corriente —principalmente hallulla y marraqueta— mediante reuniones organizadas, documentos suscritos y una campaña de difusión pública que incluyó comunicados, publicaciones en redes sociales y entrevistas radiales y en prensa escrita. En su presentación, la Fiscalía identifica como principales impulsores del acuerdo a Samuel Campusano, dueño de la panadería Flor del Norte, y a Marlene Martínez, quien en la actualidad preside la agrupación gremial Indupaniah.

“Los panaderos industriales sostuvieron contactos y reuniones, propiciados por los dirigentes Marlene Martínez y Samuel Campusano, en que se establecieron precios mínimos por encima de los cuales debían vender el pan”, afirma el requerimiento de la Fiscalía. Uno de los documentos clave que acompaña la demanda es un comunicado firmado por al menos 19 panaderías, en el que se informó que “hemos acordado un alza en el precio del pan general. El cual se llevará a efecto el día LUNES 2 de DICIEMBRE del presente año y su precio neto será de $900 el kilo + IVA”. Este escrito fue difundido públicamente y llegó a ser compartido en redes sociales por la cuenta local “@prensa.elmorrino”.

A juicio de la FNE, esta conducta constituye una infracción al artículo 3° del Decreto Ley 211, calificando los actos como una práctica concertada entre competidores para restringir la competencia. En el requerimiento, la FNE solicitó al TDLC imponer multas por cerca de $ 65 millones en total a los panaderos industriales acusados y a las personas identificadas como líderes de la agrupación en las comunas de Iquique y Alto Hospicio.

Adicionalmente, la FNE pidió al TDLC que imponga como medida preventiva la exigencia de realizar capacitaciones en materia de libre competencia a todos los requeridos.

Desesperados

En sus descargos, varios de los panaderos reconocieron reuniones y alzas de precios, pero alegan que no hubo intención de infringir la ley. La defensa de Lidia Flores, de la Panadería Asunción, explicó que las subidas respondieron a una situación límite provocada por el estallido social de octubre de 2019 y luego la pandemia. “No recayeron sobre una variable competitiva. La fijación de precios de venta obedeció a un esfuerzo destinado a solucionar la externalidad negativa del mercado en ese momento”, señala su escrito. Añade que “la publicidad de estos acuerdos tanto en periódicos locales y radioemisoras de la ciudad da cuenta de la intención de explicar al público en general que las alzas se debían a externalidades negativas del momento que afectaban el precio del pan”.

La defensa también destaca que Flores prestó colaboración durante la investigación. En su declaración del 14 de enero de 2025 ante la Fiscalía, relató: “Entramos de acuerdo, ya nos reuniremos. Entonces informaremos a nuestra clientela que el pan va a subir de precio”. Y agregó que tras firmar el documento con otros panaderos, “cada uno tenía que mandar a su clientela no fue una distribución masiva, sino más que nada para informar a nuestros clientes”.

En una línea similar se manifestó la defensa de Minimarket Roxana Cáceres Paco EIRL, que opera la Panadería Rody. “No concurren todos los requisitos para la configuración de un acuerdo colusorio”, dice su contestación, añadiendo que “jamás ha sido condenada por infracciones anticompetitivas” y que una multa como la solicitada por la Fiscalía “pondría en peligro la estabilidad financiera del negocio”, ya que se trata de una empresa familiar que además sostiene económicamente a familiares en Bolivia.

“Era vivir o morir si no subíamos el pan”, declaró Samuel Campusano durante la investigación. “Muchos íbamos a cerrar. Entonces los que iban a quedar iban a tener el monopolio igual”, añadió. Según relató, la desesperación entre los panaderos era generalizada y las reuniones surgieron espontáneamente como una forma de enfrentar un escenario insostenible. “Nos juntamos todos, decían, ‘acá es vivir o morir. Si no subimos el pan, muchos vamos a cerrar’. Era para emparejarnos con el precio de Iquique, porque allá ya vendían más caro, nosotros estábamos perdiendo”, manifestó Campusano en su testimonio ante la FNE.

Prescripción

María López Mamani (Panadería Diana), Jim Villalobos (Panadería Villamar) y Marlene Martínez (Indupaniah), explicaron que no participaron del acuerdo y que, en cualquier caso, la acción presentada por la Fiscalía está prescrita. Según ellos, el supuesto acuerdo se concretó en diciembre de 2019 y la notificación del requerimiento recién ocurrió en abril de 2025, superando el plazo legal de cinco años.

“La ejecución del acuerdo colusorio no se reduce al momento específico de su celebración”, señala el abogado de López, “pero en este caso no hubo conducta adicional de ejecución” que permita extender el efecto de prescripción. Indica que fue incluida en el documento “como pareja de uno de los firmantes” y que no participó en su redacción ni suscribió el acuerdo directamente.

La misma estrategia planteó Jim Villalobos, quien también fue vinculado al caso por razones personales: es cónyuge de Marlene Martínez. “No tiene participación alguna en los hechos denunciados, porque no tiene, ni participa de ningún establecimiento comercial en la comuna de Alto Hospicio”, sostiene su defensa. “Nunca participó de una organización gremial, ni fue citado a reuniones de panaderos”, precisa su abogado.

Marlene Martínez, por su parte, alegó que al momento de los hechos no tenía cargo alguno y que su rol como presidenta de la Asociación Gremial de Industriales Panificadores de Iquique y Alto Hospicio A.G (Indupaniah) recién comenzó en julio de 2022. Su escrito niega cualquier participación en el acuerdo inicial y afirma que fue mencionada en el requerimiento debido a declaraciones suyas a la prensa, en las que reflexionó sobre el impacto del dólar y la escasez de trigo. “En modo alguno podría tener participación porque no tenía, ni participaba de ningún establecimiento panificador en la comuna de Alto Hospicio y menos tenía conocimiento de ellos”, plantea su defensa.