La ley de fraccionamiento pesquero está en su fase final de tramitación, luego que este miércoles la comisión mixta, que revisa la norma en el Congreso, despachara la mayoría de los artículos que se están debatiendo.

Según la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), principal gremio de pesqueras industriales del país, lo aprobado por el Congreso implica un traspaso de 400 mil toneladas de recurso marino hacia los pescadores artesanales, lo que tendrá un grave impacto sobre el empleo formal, provocando que casi todas las empresas deban achicarse y algunas de ellas cerrarse.

Tal es el caso de Pacific Blu, que ya anunció su cierre, dado que la fórmula aprobada para la captura de la merluza común, que deja un 52% de la cuota para el sector artesanal y un 48% para el industria -en comparación al 60% que tiene actualmente bajo la normativa del 2013-, hace totalmente inviables sus operaciones en la Región del Biobío, dejando sin empleo a más de 800 trabajadores directos, junto a otros 2.400 de forma indirecta.

“El gobierno nunca tuvo una real intención de escuchar a todos los sectores. Si bien realizó varias reuniones prelegislativas, estas se limitaron a cumplir con el trámite de mostrar una aparente apertura al diálogo. En la práctica, fue un ejercicio superficial, un diálogo de sordos, ya que se ignoraron completamente los argumentos presentados sobre el impacto que esta normativa tendría en el empleo formal y descentralizado que genera el sector industrial”, precisó el presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval.

“Como resultado, miles de personas han quedado sin trabajo. Esta actitud refleja una profunda incoherencia: por un lado, se promueve una agenda para mitigar los efectos del cierre de Huachipato, mientras por otro se impulsa una normativa que provoca un verdadero terremoto social en regiones que dependen de la industria”, agregó.

En esta misma línea, Sandoval señaló que “el gobierno tampoco fue capaz de presentar un informe técnico para calcular realmente cuántas personas quedarían sin empleo con su reforma. Nos parece un acto sumamente poco prudente en un momento en que la economía está muy dañada”.

Por su parte, desde la asociación gremial Pescadores Industriales del Biobío, emitieron una declaración señalando que la medida de Pacific Blu “es el resultado de una negativa e ideologizada visión del quehacer y aporte del sector empresarial e industrial en una buena parte de la coalición gobernante y de un compromiso inserto en programa de gobierno del Presidente Boric”, remarcando que “se trata de un gravísimo problema social para Talcahuano creado e impulsado por las autoridades políticas de turno”.

El gremio afirmó que “esta política pública errada y sesgada es un contrasentido para la Región del Biobío, pues apunta hacia la desindustrialización, a la pérdida de competitividad y destrucción de valor”.

En su declaración, además, respaldó la denuncia de Pacific Blu, “en cuanto a que la subsecretaría de Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, presentó información falsa e incompleta en el Congreso con el objetivo de subrepresentar el rol de esta empresa en la pesquería de la merluza común y aumentar artificialmente el aporte del sector artesanal”.

“Talcahuano y la Región del Biobío hoy es más pobre y atrasada que ayer. Se pierde una empresa de vanguardia, tecnologizada y que alimenta a miles de chilenos con recursos del mar con alto valor agregado, pero por, sobre todo, se les ha infligido un profundo daño a miles de familias trabajadoras de la pesca industrial solo y exclusivamente por razones políticas, identitarias e ideológicas”, concluyeron desde la entidad gremial.

En tanto, desde la Multigremial Nacional apuntaron a la responsabilidad de conjunto de legisladores y autoridades.

“La clase política debe responder por las 3.000 familias que quedarán sin trabajo el próximo año, producto de una discusión sin sustento técnico que se dio en el Congreso”, indicó su presidente, Juan Pablo Swett.

“Hoy, más que nunca, necesitamos una economía que crezca, pero en el Congreso se valoran más las discusiones que tienen intereses partidistas”, cerró Swett.

Por su parte, distintos gremios empresariales del Biobío -como la filiales regionales de la CPC y la Cámara Chilena de la Construcción, además de Corma, Irade y Socabío, emitieron una declaración conjunta apuntando al gobierno.

“PacificBlu genera 800 puestos de trabajo directos, la mayoría de ellos benefician a mujeres y otros 2.400 puestos indirectos que se verán liquidados a partir de enero de 2026. En la práctica, el gobierno ha impulsado la destrucción de puestos de trabajo formales y de buena calidad. Así Chile no crece ni se desarrolla”, señalaron.

En su escrito, afirmaron que como parte del sector privado “hemos trabajado dura y coordinadamente con las autoridades políticas del gobierno para no tener que lamentar un Huachipato 2”; sin embargo, afirmaron “eso no significa que nos transformemos en partícipes de un golpe tan grande para la región ocasionado por una política pública”.

“No podemos tolerar que proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo y respaldados con entusiasmo de todos los parlamentarios que no sufrirán sus efectos, deriven en el cierre de nuevas empresas acá en el Biobío”, agregaron.

En el escrito enfatizaron que “lo más preocupante es que se legisló en base a cifras erradas. Los parlamentarios deben contar con información real y actualizada al momento de tomar decisiones clave para el desarrollo del país, especialmente en una región que ya ha sido golpeada por el cierre de Huachipato.

En base a lo expuesto, los gremios indicaron que han decidido suspender indefinidamente su participación en el Plan de Fortalecimiento del Biobío.