El Gobierno ha creado la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) y ha anunciado reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a fin de lograr avanzar en los proyectos de inversión de alto impacto económico. Dichas reformas tendrían como finalidad destrabar la inversión, entrampada por la denominada "judicialización de los proyectos" y la demora excesiva de los permisos ambientales y administrativos. Como Programa de Mediación y Resolución de Conflictos de la Universidad Alberto Hurtado, creemos que esta "judicialización" no es otra cosa que el síntoma de la precaria participación de las comunidades en los proyectos de inversión, traduciendo los conflictos no resueltos durante la tramitación ante la institucionalidad ambiental.