Justicia ambiental y proyectos de inversión

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El Gobierno ha creado la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) y ha anunciado reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a fin de lograr avanzar en los proyectos de inversión de alto impacto económico. Dichas reformas tendrían como finalidad destrabar la inversión, entrampada por la denominada "judicialización de los proyectos" y la demora excesiva de los permisos ambientales y administrativos. Como Programa de Mediación y Resolución de Conflictos de la Universidad Alberto Hurtado, creemos que esta "judicialización" no es otra cosa que el síntoma de la precaria participación de las comunidades en los proyectos de inversión, traduciendo los conflictos no resueltos durante la tramitación ante la institucionalidad ambiental.

La conflictividad asociada a los proyectos de inversión debe abordarse en su complejidad, con herramientas para gestionar los conflictos propios de materializar un proyecto, de manera de permitir no sólo a "destrabar" la inversión", sino también, que aseguren la participación integral de los actores en el territorio sin dejar de lado el acceso a la justicia. Los proyectos que requieren aprobación ambiental, generan distintos tipos de impacto en las comunidades y territorios donde se instalan, y para ello se ha propuesto una institucionalidad que contemple mecanismos de diálogos desde las etapas tempranas del proyecto y hasta su término. Lo cual no alcanza: se hace necesario que los conflictos socioambientales se gestionen y solucionen de manera oportuna y eficiente. Para ello, se debe contar con un sistema de resolución de las controversias que, coherente y complementario con los procesos de diálogo temprano, permita gestionar las controversias que se presenten durante la tramitación y ejecución del proyecto de inversión, cuando se presenten, dejando los conflictos irreconciliables para los mecanismos de Ultima Ratio -los Tribunales de Justicia- contribuyendo de esta manera a que la inversión sea realmente sustentable, con participación real, viables dentro de la planificación territorial y sin costos de litigación innecesarios.

En el marco de un estudio del Proyecto de Institucionalidad de Diálogo Territorial, de Alianza Valor Minero, sobre diseño de un Sistema de Resolución de Controversias, hemos propuesto crear un sistema de Mediación, en la cual un tercero imparcial facilita el encuentro de soluciones a los conflictos, respetando el marco que establecen las leyes y estándares de cumplimiento medioambiental. En el mecanismo propuesto, se asegura la participación de la comunidad y los Pueblos Originarios y, a la vez, se otorga certeza de los acuerdos a todos los participantes, mediante instrumentos ejecutivos que sirven de base a las autorizaciones del SEIA. La comunidad y la empresa se involucran en un proceso colaborativo guiado por expertos, que permite acuerdos legitimados por ambas partes y, por lo tanto, perdurables y sustentables.

El sistema de resolución de conflictos para proyectos de inversión propuesto está integrado a un sistema de diálogo temprano, entre comunidades locales y Pueblos Originarios con las empresas, que cuando no es posible llegar a acuerdos por Mediación, permite la vía juridicial. Con ello, el SEIA no se ve debilitado en cuanto mecanismo para armonizar inversión protección del medioambiente, sino que se ve robustecido incorporando la participación de los actores, diversificando y robusteciendo el acceso a la justicia y garantizando de mejor manera, el respeto de los Derechos Humanos.

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