Alejado de su tradicional faceta de jugador de póquer y de frío negociador, esta semana el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abrazó con entusiasmo y con una sonrisa a cada uno de los diputados que se acercaron a la testera de la Cámara de Diputados para celebrar el clave despacho de la megarreforma del gobierno al Senado.

Sin embargo, el triunfo político de Quiroz y de los ministros Claudio Alvarado (Interior) y José García Ruminot (Segpres) tendrá una ruta más dura en la Cámara Alta respecto de la que tuvo en su primera valla legislativa, donde el trámite parlamentario estuvo lejos de poner en peligro el llamado “corazón” de la iniciativa.

El segundo tiempo que vivirá el proyecto en el Senado será más estrecho en materia de apoyos y, por lo tanto, la habilidad negociadora de los tres ministros se verá puesta a prueba. El nuevo escenario obligará a la megarreforma a entrar de lleno en el “pabellón de cirugías”, coinciden en el oficialismo y en la oposición.

“Tenemos que reconocer que la correlación de fuerzas en la Cámara es distinta a la del Senado, pero nuestra evaluación es que los votos alcanzan, al menos, para salvar lo esencial del proyecto”, afirma una clave fuente de gobierno, quien reconoce que la disposición a ceder del Ejecutivo estará determinada por una definición crucial: el nivel de respaldo que le pretende dar al proyecto.

En las filas de gobierno creen tener asegurados al menos los 26 votos para aprobar la idea de legislar y también los mínimos para salvar el corazón del megaproyecto. Pero el panorama es más complejo si la administración Kast quiere asegurar la viabilidad de los cerca de 50 artículos de la megarreforma, donde se incluye la rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23%, un mayor destrabe a la “permisología”, reintegración e invariabilidad tributaria, crédito al empleo y cambios a contribuciones, donaciones y al pago de IVA a las compras de viviendas nuevas, entre otros.

En ese escenario, senadores aliados como Matías Walker (Ex-Demócratas), Miguel Ángel Calisto (Independiente) y Alejandro Kusanovic (Independiente, ex-RN) serán claves. Mientras Kusanovic puso en duda su voto a favor del proyecto esta semana, Walker y Calisto han pedido ajustes en varias medidas. Otros senadores de oposición, como Pedro Araya (PPD) -quien ya se ha abierto a aprobar la iniciativa- y Karim Bianchi, también han solicitado cambios al proyecto misceláneo.

Matías Walker, uno de los senadores bisagra de la Cámara Alta, anticipa su voto a favor de la idea de legislar, pero aspira a que el gobierno sea capaz de buscar una mayoría consolidada para dar mayor legitimidad a la iniciativa. “Llevamos creciendo por 12 años al 2%. Y eso ha generado un aumento del desempleo. Me parece que tenemos un proyecto que parte de un diagnóstico correcto”, destaca el senador, quien respalda la iniciativa de invariabilidad tributaria y el crédito tributario al empleo.

“El Senado tendrá la posibilidad de consolidar la Ley de Reconstrucción. Espero que predomine el ánimo de construir y de entender que el crecimiento no es un lujo ideológico, sino una urgencia social clave”, añade, a su vez, el jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, quien fue clave en la decisión de Hacienda de abrirse a no eliminar y, en su lugar, perfeccionar la franquicia Sence en el Senado durante el trámite en la Cámara.

Un alto líder político oficialista reconoce también que Quiroz podría estar abierto a cambios en el Senado para evitar “ruidos” dentro de su propia coalición, pero duda sobre si el ministro tiene las reales intenciones de aprobar la megarreforma por una amplia mayoría. “Si Quiroz ya siente que tiene los votos, esto va a ser como el baile de las máscaras, donde él va a escuchar las peticiones del Socialismo Democrático, pero las líneas rojas de cada lado van a desvanecer cualquier negociación”, proyecta la misma fuente.

Otro dirigente de Chile Vamos también cree lejano un acuerdo amplio en el Senado y estima que, en general, el Socialismo Democrático difícilmente votará a favor de un proyecto tributario que está en las antípodas de sus ideas políticas. “Este no va a ser un proyecto de mayorías grandes. Es casi imposible que los socialistas voten a favor un proyecto que erosiona ideológicamente su proyecto político futuro. Además, no estarán a favor de darle un triunfo político a Kast, quien podría sacar en pocos meses su megarreforma, a diferencia del anterior gobierno, que nunca pudo sacar adelante su reforma tributaria”, analiza.

A este escenario hay que agregar el estilo que Quiroz ha instalado en las negociaciones. “Al ministro, en el fondo, no le importan los acuerdos amplios. Si él pudiera aprobar el proyecto sin moverle ni una coma, lo haría. Está convencido de las bondades de la iniciativa. Además, ha demostrado que no se mueve por persuasiones técnicas en las negociaciones, sino por demostraciones de fuerza”, recalca un diputado oficialista.

Los ajustes en la mesa

Pese a este panorama, las presiones para cambios desde los senadores bisagra y desde el mundo de Chile Vamos ya ha generado señales de apertura de parte de Quiroz a algunas medidas importantes. Una de ellas es la medida de invariabilidad tributaria a 25 años para proyectos nacionales y extranjeros mayores a US$50 millones, lo que aparece como un blanco ideológico para la centroizquierda.

Los cambios a la medida, que también ha tenido reparos desde la DC y de Chile Vamos, apuntarían a disminuir el horizonte del beneficio tributario, el monto mínimo del proyecto para acogerse y establecer una tasa adicional a la vigente en ese momento para el inversionista, reconocen desde el gobierno. “En este tema hay mucho más margen para negociar que otras medidas y ahí lo que se estudia, eventualmente, es un nuevo piso de US$500 millones, por ejemplo, para los proyectos que quieran acogerse al beneficio”, afirma una fuente de gobierno, quien destaca la posibilidad cierta de bajar de 25 a 20 años el plazo de vigencia de la medida, tal como lo ha propuesto la DC.

“Le hemos hecho ver a Quiroz que aprobar el artículo de invariabilidad por una mayoría estrecha es distinto que aprobarla de una forma más holgada para un inversionista que quiere llegar al país”, explica, a su vez, un alto dirigente de Chile Vamos, quien estima que el rol negociador de RN -la bancada más grande del Senado- será clave para los ajustes al proyecto.

Otra propuesta posible de ajustes es la eliminación del pago de contribuciones para los propietarios de viviendas mayores de 65 años y cuyo costo fiscal es de unos US$ 200 millones, lo que generado la rebelión de los alcaldes de diferentes municipios por su impacto en comunas ricas y su efecto en el llamado Fondo Común Municipal, el que favorece a las municipalidades de sectores de menores ingresos.

“Lo que está en la mesa de negociación es establecer un límite de hasta unos $500 millones a $600 millones en el valor comercial de la vivienda beneficiada. Eso eximiría a las casas mayores a ese valor de comunas ricas y solucionaría el problema de ingresos para los ediles de esas municipalidades. Todas las viviendas caras de esas comunas de altos ingresos seguirían pagando”, confidencia una fuente de gobierno, la que sin embargo tampoco descarta usar como parámetro de borde para el pago de contribuciones el ingreso del propietario de la vivienda y no el valor del inmueble.

“También se está buscando una mejor redacción en el proyecto para que la reposición de recursos desde gobierno al Fondo Común Municipal sea menos engorrosa y las municipalidades no tengan que ir a pelear año a año esos recursos”, añade la misma fuente.

La gran batalla

Sin embargo, todos coinciden en que la gran batalla en el Senado se dará con la creación de un crédito tributario para reducir los costos de las actuales contrataciones en las empresas y cuyo costo asciende a unos US$1.400 millones. Las principales críticas transversales del mundo técnico y de parlamentarios de distintas bancadas es su alto costo, el que acrecienta el “hoyo” fiscal del proyecto en el corto plazo, y el bajo impacto en la creación de nuevos empleos.

“Quiroz está convencido que con esta baja de costos laborales a las empresas vendrá un shock de crecimiento. Está obsesionado con la medida y ha dicho en privado que si se busca cambiar sustancialmente este tema, es mejor que busquen a otro ministro”, confidencia una fuente del oficialismo que se ha reunido con el ministro. Pero advierte que los senadores oficialistas serán especialmente inquisidores con esta medida. “Le hemos dicho al ministro que si saca o acota esta medida, los cuestionamientos al déficit fiscal que genera el proyecto desaparecen”, explican las mismas fuentes.

Desde Chile Vamos reconocen la importancia de acotar los riesgos fiscales del proyecto que genera una medida tan cara como el crédito al empleo y dicen que es clave reconocer las alertas del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), institución creada bajo el último gobierno de Sebastián Piñera. “Es una responsabilidad histórica para mucha gente de nuestro sector y es una forma de diferenciarnos del anterior gobierno de Gabriel Boric, quien no acogió las alertas del CFA”, dicen desde RN.

“Estamos abiertos a escuchar a los senadores, pero no vamos desdibujar la medida de manera extrema. Es una decisión favorecer a los actuales empleos y no a los nuevos”, responden desde el gobierno. Una fuente oficialista cree que una posible salida a los cuestionamientos por esta medida apunta a disminuir la vigencia estimada en el proyecto. “Dado que el monto es en UTM (Unidad Tributaria Mensual), la medida se extingue en un par de décadas. Una posibilidad es hacerla más transitoria, de menor vigencia”, afirma la misma fuente.

En el mundo oficialista parlamentario creen que los riesgos fiscales del proyecto generados por el crédito al empleo volverán con fuerza luego de que se conozcan las proyecciones del primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) del gobierno, el que ha sido postergado dos veces y sería recién publicado esta semana que comienza. “Los números fiscales para este y los próximos años vienen muy malos en el IFP”, adelanta un economista que conoció el detalle del informe.

Desde la oposición, los dardos a esta medida son amplios. “En donde no tenemos acuerdos es en la propuesta del crédito al empleo, porque ese es un incentivo a pagar el ingreso mínimo y, por tanto, no genera empleos”, sostiene el senador PS Gastón Saavedra, quien dice estar disponible, por ejemplo, para dialogar en materia de desburocratización de los permisos para proyectos de inversión.

Pero Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda del último gobierno de Sebastián Piñera, va más allá y reconoce el nuevo clima que reinará en el Senado para el megaproyecto. “El proyecto se aprobará, de eso no tengo dudas, lo que es una gran noticia para salir de la mediocridad en la que estamos. En el Senado habrá más negociación y seguramente se ajustará en el margen: algo de la franquicia tributaria, algo de la invariabilidad -montos y años-, algo de contribuciones, por ejemplo”, estima el también el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS.

“Pero la pregunta es si habrá espacio para una aprobación más amplia, que le dé soporte de largo plazo, que haga irreversible la reforma. Esta es una variable importante para varios en el mundo empresarial. El gobierno puede sorprender y buscar ajustes relevantes que sin alterar el corazón del proyecto permitan alcanzar esa mayoría sustantiva. Esto generará una fuerte tensión en parte de la oposición: plegarse a una reforma ganadora para el país o perseverar en una posición ideológica. Ojalá triunfe el espíritu de la reforma previsional, aunque le asigno baja probabilidad”, concluye Weber.