La semana pasada se conoció la denominada Operación Tokio, una de las investigaciones más grandes de lavado de activos que el Ministerio Público haya detectado en el país ligada a una célula del Tren de Aragua, donde ya se formalizó a 17 imputados y 14 de ellos quedaron en prisión preventiva, por delitos que les permitieron movilizar alrededor de $78 mil millones, dinero que salió de Chile a través de empresas de criptomonedas.

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, entregó más antecedentes de la investigación este martes en el programa Hablemos en Off de radio Duna, donde confirmó lo que Pulso había adelantado, respecto de que los bancos ya desde hace un par de años habían enviado Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de algunos de los detenidos involucrados en la Operación Tokio.

Pero antes de ir a ese detalle, Barros explicó que durante la investigación del caso “nosotros, por la vía de las extorsiones, solo llegamos a $800 millones, pero cuando te vas a dos empresas más que crean dos venezolanos más, cuando vamos a las sociedades que están encargadas de hacer la triangulación de los dineros, aparece una empresa que es BexGroup que está a nombre de Marcos Reyes, venezolano; y la empresa de BexDigital, que es en este caso de Óscar Delgado, que es este señor que trabajaba de obrero pero que tenía en su cuenta $58 mil millones”.

En ese sentido, agregó: “Y ahí la pregunta es de dónde sale la diferencia de los dineros, y ahí nos dimos cuenta un poco que nosotros habíamos llegado a la columna vertebral del sistema financiero del Tren de Aragua, porque ahí están confluyendo los dineros de la explotación sexual, los dineros que consiguen con secuestros, con extorsiones, con delitos de robo, con todos los delitos que están cometiendo, y las estafas telefónicas, que ahí creemos que hay un tremendo dineral que viene por esa vía”.

Explicó que “esos dineros salen por empresas que son de otro venezolano, que tiene tres empresas, pero no solamente por esas tres empresas, también por empresas formales, en criptoactivos”.

El fiscal Barros indicó que, efectivamente, “hubo alertas, en BexDigital, el primer año, que parte el 6 de septiembre de 2023, deposita en su cuenta $790 mil el primer año, y al año siguiente $5 mil millones en la cuenta. Ojalá tuviéramos empresas que funcionen de esa manera, donde no tienen una plataforma, no hay un lugar físico donde trabajan, no hay trabajadores, no hay nada, y prestan servicios informáticos”.

Añadió que “respecto a las alertas, los bancos reportaron. De hecho, el mismo ejecutivo del Banco Santander fue reportado por el Banco Bci, en su momento, ya hace harto tiempo atrás, y las empresas (involucradas) también”.

El fiscal se refería a uno de los detenidos, el exejecutivo del Banco Santander José Pérez Asencio (33). El imputado utilizó sus conocimientos para movilizar grandes cantidades de dinero hacia el extranjero entre los años 2022 y 2025. Pero el exejecutivo no usó los sistemas del Banco Santander para hacerlo, ni su posición en la entidad de capitales españoles, sino que abría cuentas corrientes en distintos bancos, como cualquier otra persona natural, para ejecutar los movimientos.

Barros sostuvo que “el sistema funciona, en el sentido que los bancos hacen los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) o los ROS a la UAF. La UAF toma esa información y hace todo con sus 13 analistas que creo que tiene, que son bastante pocos, que hacen sus análisis de trazabilidad y vinculación. Interrelaciona, por ejemplo, al sujeto que está reportado como persona natural con sociedades, por lo tanto, también reporta sociedades, y hace una serie de otros reportes. Y eso lo remite al Ministerio Público que son los que abren las investigaciones”.

Sin embargo aclaró que, “en este caso particular, yo tuve reportes cuando los pedí, ahora hace poco tiempo. Pero según lo que me informan en esos reportes, los reportes existían, llegaron en este caso al Ministerio Público, no llegaron en este caso particular a la Fiscalía Regional Sur, pero sí llegaron al Ministerio Público”.