Once documentos entregó a comienzos de julio Pedro Pablo Larraín Mery, el controlador del grupo Sartor, al Ministerio Público, asociados a la compra y venta de Azul Azul, la concesionaria de la Universidad de Chile adquirida por el grupo financiero en 2021 y presuntamente traspasada a fines de 2024. Entre ellos, el desconocido contrato de compraventa de 2024, un documento que hasta ahora no estaba en el expediente y que el fiscal a cargo, Juan Pablo Araya, persiguió desde el año pasado. Pero también declaró por última vez el 15 de julio en la tarde: ahí entregó nuevos y desconocidos detalles de la compraventa de Azul Azul. Lo mismo hizo esta semana Michael Clark Varela, testimonio que aún se mantiene bajo reserva.

El club de fútbol es una de las aristas más visibles del caso Sarot, pero no es la más significativa de un fraude en el que el Ministerio Público estima perjuicios de entre US$ 100 millones y US$ 200 millones y que motivará la formalización, el jueves 30 de julio, de 11 personas. Entre ellas, Pedro Pablo Larraín y Michael Clark. Estos son los nuevos capítulos liberados esta semana.

Capítulo 1: ¿Quién pagó en 2021?

Privado y confidencial, dice un documento de 19 páginas fechado en abril de 2021 y preparado por Redwood Capital, la empresa de Michael Clark. Ya entonces había acuerdo con Carlos Heller para comprar el 63,07% de Azul Azul en US$ 15,5 millones. Las conversaciones partieron un año antes. “Michael Clark presentó el negocio”, declaró Pedro Pablo Larraín la semana pasada. Hubo una primera negociación en julio y una oferta desestimada por Bethia en septiembre. En marzo de 2021 llegaron a acuerdo. “Queríamos estabilizar el club y obtener un mayor valor, mejorar la gestión, mejorar los números y después vender. Nuestro horizonte era entre 3 y 5 años”, aseguró Larraín.

Según el ex ejecutivo del grupo Alfredo Harz, fue Larraín quien comunicó en un zoom a sus socios que la matriz de Sartor compraría Azul Azul y que él no podía ser la cara visible porque era hincha de Universidad Católica. Harz manifestó sus reparos. Uno de los directores externos de Sartor, el abogado Mauro Valdés, ex director ejecutivo de TVN, también. “Yo advertí en reiteradas oportunidades que esto iba a levantarnos el perfil en forma insospechada y nos íbamos a meter en un tema comunicacional en el cual éramos legos”, declaró Valdés. “Finalmente, la operación se llevó a cabo de todas maneras, pues cuando Pedro Pablo llevaba un negocio, este se hacía y no había contrapeso alguno en Sartor”, dijo Harz.

El documento de abril de 2021 de Clark proponía un esquema de financiamiento: US$ 10 millones vía equity y US$ 5,5 millones con deuda, recursos que serían aportados a un fondo de inversión privado. Para ello se creó Tactical Sport: los socios de Sartor se quedaron con el 90% de las cuotas y Michael Clark, a través de su sociedad Antumalal, con 10%.

El origen de los dineros nunca fue público. Recién tras la intervención de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el interventor Ricardo Budinich detectó que fondos públicos de Sartor AGF habían prestado dinero a una sociedad Inversiones Cerro El Plomo, la que, a su vez, transfirió los dineros hacia Tactical Sport. Fueron más de $ 6 mil millones aportados por tres fondos. “Los reglamentos internos de nuestros fondos permitían este tipo de operaciones”, dijo Larraín en la Fiscalía ahora, para justificar la triangulación cuestionada por el interventor y los querellantes.

En 2021, a Heller le pagaron, en pesos, $ 11.152 millones. El saldo para completar el pago no ha sido explicado. En su última declaración, Pedro Pablo Larraín, quien era dueño del 60% de Sartor, describió los números gruesos así. “La compra de las acciones de Azul Azul a Bethia se hizo por 15,5 millones de dólares, valorizando la acción a $ 388. De ese monto, aproximadamente 8 millones provenían de la matriz y 7,5 de los fondos, con el valor del dólar a alrededor de $ 700”, dijo. Con la matriz, se refiera a Asesorías e Inversiones Sartor, donde él controlaba el 60%, Harz el 18%, Óscar Ebel el 10% y otros ejecutivos, el resto.

Pero Harz -quien rompió con Larraín y declaró en junio- cree que parte del dinero provino de Victoriano Cerda, ex dueño de Huachipato, un abogado que tenía entonces negocios inmobiliarios con Sartor. Harz dijo que en 2024 se enteró que “Pedro Pablo había obtenido el saldo del valor de las acciones de Heller respecto de 2021 (del orden de $8.000 millones o más, aproximadamente) a través de Marinvest SpA, sociedad que entiendo está relacionada de algún modo a Victoriano Cerda. Eso sí, no tengo claro cómo se concretó esa figura, si fue un préstamo, un CAI (Contrato de Asociación de Inversiones) u otro”, declaró. Cerda declaró este jueves ante Araya, testimonio que permanece bajo reserva aun. Marinvest SpA, sin embargo, figura con otro dueño en los registros del Conservador de Bienes Raíces: el empresario Eduardo Sánchez, CEO de Nexus, la sociedad controladora de la Isapre Nueva Más Vida, quien gestionó otros recursos e inversiones con el grupo Sartor, según antecedentes de la carpeta de investigación. Sánchez no estuvo disponible para responder por este negocio.

Alguien que ha seguido el caso cree que el financiamiento de 2021 podría ser una mezcla de recursos propios de la matriz de Sartor con dineros de inversionistas directos que -con o sin consentimiento- terminaron financiando la compra de Azul Azul.

Capítulo 2: El US$ 1 millón impago de Clark

Un documento en el expediente revela que Michael Clark compró el 10% de las cuotas de Tactical Sport en US$ 1 millón, exactos $ 700 millones, el 21 abril de 2021.

Pero en realidad Clark nunca pagó ese dinero. Larraín dijo lo siguiente el 15 de julio: “El Sr. Michael Clark fue financiado por Asesorías e Inversiones Sartor S.A., quedando a su respecto con una deuda con la sociedad matriz del orden de US$ 1.000.000. Ello obedeció a que el Sr. Clark se haría cargo de administrar la inversión al ser uno de los miembros del directorio y, por tanto, era relevante que tuviera participación en el fondo”, dijo Larraín, quien fue preguntado si verificaron que Clark fuese sujeto de crédito. “Era una persona de toda confianza, por lo cual no tendríamos que dudar de que nos pagase”, respondió.

“A su pregunta, esa deuda de Antumalal no está pagada”, fue lo otro que reveló Larraín. Pero lo más relevante vendría luego: la compravente de 2024 no ha sido pagada y podría ser anulada.

Capítulo 3: El contrato de 2024

En noviembre de 2024, la CMF impidió a Sartor captar nuevos aportes, tras detectar que el grupo usaba recursos de los fondos públicos para negocios de sus propios socios. Sartor estructuró entonces un plan para liquidar activos y pagar los rescates, que subían aceleradamente. Uno de esos activos fue Azul Azul. “La finalidad de vender las cuotas del fondo era obtener liquidez”, declaró Larraín a la Fiscalía. Dice, además, que lo ofrecieron a terceros: a la gestora Moneda Asset, a la familia Solari Donaggio, dueña de Megeve y también accionista de Azul Azul, y otros family office. “No había interés”, dijo. Clark estuvo dispuesto a comprar.

Lo hizo el viernes 13 de diciembre, en una firma rápida a la que Harz asegura que también asistieron inexplicablemente Victoriano Cerda y Marcelo Pesce. La noticia se hizo pública el 20 de diciembre, cuando la CMF intervino Sartor. A la misma CMF, Clark informó que había comprado el 90% de las cuotas en US$ 5.719.482. Los términos de ese acuerdo fueron reservados. Pero el contrato fue entregado por Larraín a la Fiscalía.

Tiene siete páginas y dos precios. Antumalal adquirió 6.354.981 cuotas de Tactical Sport a un precio total en pesos de $ 5.609 millones, o a US$ 0,9 por cada cuota. Las acciones de Azul Azul fueron valorizadas al mismo precio que pagaron a Heller dos años antes: $ 388. Pero Tactical Sport tenía las deudas con los fondos públicos de Sartor. Para esa valorización, las partes fijaron un monto máximo de pasivos que tendría el fondo. Y por ello hicieron una operación paralela: la matriz de Sartor, que vendía, se obligaba a concurrir a un aumento de capital con hasta $ 3.152 millones, a objeto de reducir en endeudamiento de Tactical Sport. Tenía seis meses para conseguir los recursos para acudir a ese aumento de capital: junio de 2025. Pero aquello no ocurrió.

El contrato establecía que, en ese caso, el precio a pagar por parte de Clark bajaba a la mitad: a $ 2.457 millones “alterándose en consecuencia el valor total de la presente compraventa y el valor referencial de cada una de las cuotas transferidas”. Y Clark podía buscar a un tercer interesado que concurriera a un aumento de capital de hasta $ 3.500 millones. Aquello tampoco ocurrió. “Recuerdo que para determinar el valor había dos escenarios: si hacíamos un aumento de capital en Tactical Sport recibíamos $ 5,5 mil millones. Y el segundo escenario que son aproximadamente $ 2.600 millones”, dijo Larraín. Clark debía pagar el precio a Sartor en tres cuotas anuales, la primera de las cuales debía cancelarse a fines de 2025. Y no se pagó. “Esto venció el 2025”, reveló Larraín.

El contrato tiene cláusulas que podrían definir el cambiar por completo el futuro de la propiedad de Azul Azul. Una condición resolutoria que permite anular la compraventa de 2024 a Michael Clark, en cuatro casos: si las cuotas de Tactical Sport eran objeto de embargo, si ocurría lo mismo con las acciones de Azul Azul; si se presentaba una petición de declaración judicial de liquidación de Sartor; y si se declaraba la liquidación del vendedor. El texto dice que si se verifica cualquiera de esas circunstancias, “el presente contrato quedará resuelto de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial ni arbitral alguna, bastando el envío de una comunicación escrita del comprador al vendedor”. Es decir, basta que que Clark lo comunique a Asesorías e Inversiones Sartor S.A. Y aunque al menos dos de esas condiciones ya se cumplieron -las acciones están embargadas y hay una liquidación en curso sobre Sartor, incluso con un liquidador designado, Eduardo Godoy Hales-, Clark no ha ejercido ese derecho legal de anular el contrato.

Larraín entregó luces sobre esa opción hace diez días, cuando recordó que Antumalal, o sea Clark, debe pagar los $ 2.500 millones pactados a fines de 2024 a Asesorías e Inversiones Sartor. “Estoy ayudando al liquidador Godoy para que Antumamal realice el pago o bien rescinda la compraventa”. Y agregó: “Actualmente me encuentro en conversaciones con el liquidador, con Michael, con los abogados de AZ, para poder obtener uns solución a esto”, dijo.

Si el contrato se rescinde, el futuro de Azul Azul estará en manos del liquidador Eduardo Godoy, quien podría seguir varios caminos. Por ejemplo, nombrar un nuevo administrador de Tactical Sport, un rol que hoy sigue ejerciendo Larraín. E instruir la venta del activo principal de Tactical Sport: las acciones de Azul Azul.

Pedro Pablo Larraín reveló algo más hace dos semanas. En marzo de 2026, dijo, Clark ofreció a Toesca, la AGF designada por la CMF para gestionar los fondos intervenidos, pagar los préstamos hechos para adquirir Azul Azul a Heller en 2021. “Clark hizo una oferta a Toesca de $ 7.900 millones, la cual Toesca rechazó”, aseveró. Pero en el expediente, entregó un documento que atribuye ese intento a él mismo y no a Clark. El 6 de marzo envió una carta al abogado de Toesca, Cristián Gandarillas, entregando un plazo hasta el 9 de marzo para aceptar la compra de la totalidad de los créditos por $ 7.900 millones. Pero la carta iba firmada por él en representación de Sartor Fondos de Inversión Privado S.A.. Larraín aseguraba incluso que tenía financiamiento para aquello. “Como sociedad administradora, hemos iniciado un proceso de búsqueda de los recursos financieros necesarios para pagar las obligaciones pendientes. En el marco de dicho proceso, hemos logrado asegurar compromisos para contar con los recursos suficientes”, decía la misiva.

Toesca consideró inaceptable la propuesta. Entre otras cosas, porque Larraín exigía un finiquito total, completo e irrevocable respecto de obligaciones, derechos o reclamos sobre Tactical Sport y personas jurídicas y naturales relacionadas. Es decir, liberarlo de toda responsabilidad por las deudas de Tactical Sport. Esa responsabilidad es la que los socios de Sartor, entre ellos Larraín, deberán asumir este jueves, cuando sean formalizados por irregularidades que van más allá de Azul Azul.