SEÑOR DIRECTOR:

Chile enfrenta un serio problema penitenciario. El elevado número de personas privadas de libertad y la sobreocupación de los establecimientos penales no solo generan dificultades de infraestructura y seguridad, sino que reducen las posibilidades de reinserción. Frente a ello, cabe preguntarse si una política criminal centrada en aumentar las penas y recurrir a la cárcel como respuesta principal resulta realmente eficaz.

Es necesario innovar. Una política criminal moderna debe sancionar, pero también atender a las víctimas, reducir la reincidencia y favorecer la reinserción. En este ámbito, la justicia restaurativa ofrece una alternativa valiosa, al permitir que víctimas e infractores participen activamente en la solución del conflicto. Ello facilita la reparación del daño, favorece que el responsable comprenda las consecuencias de sus actos y fortalece su proceso de resocialización. La experiencia internacional demuestra que se logran resultados positivos.

Algo semejante ocurre con los tribunales de tratamiento de drogas. Cuando ciertos delitos están vinculados a un consumo problemático, limitarse a imponer una pena sin intervenir sobre ese factor solo posterga el problema. Se requieren programas especializados que combinen intervención judicial, tratamiento y seguimiento.

Chile necesita avanzar hacia respuestas más eficaces, esto es, sancionar cuando corresponda, pero también reparar, reinsertar y prevenir la reincidencia. Persistir únicamente en más penas y cárceles difícilmente resolverá nuestros problemas de inseguridad.

Raúl Carnevali

Centro de Estudios de Derecho Penal

Universidad de Talca