En el contexto actual, mientras se avanza en una creciente y fragmentada red de nuevas normas de protección ambiental cuya implementación ha dificultado los procesos de evaluación y fiscalización de proyectos productivos, se generan, al mismo tiempo, presiones para revertir dichos efectos mediante excepciones, waivers o mecanismos de tramitación acelerada para viabilizar inversiones estratégicas.

Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país. Economías desarrolladas y emergentes —desde Estados Unidos y Canadá hasta Australia y Brasil— enfrentan dilemas similares. La experiencia comparada muestra que cuando la protección ambiental se diseña desconectada de los costos sociales, económicos e institucionales, el resultado suele ser un sistema menos eficaz, más litigioso y con menor legitimidad pública.

Proteger el medioambiente no puede confundirse con levantar barreras que, en la práctica, terminan debilitando la capacidad del Estado para conducir una inversión sostenible que trascienda los ciclos políticos. Cuando el sistema se vuelve impredecible, lento y ambiguo, no solo se frena la inversión: se erosiona la confianza y se empuja la actividad hacia la informalidad o la judicialización permanente.

Las señales recientes orientadas a revisar decretos, fortalecer la certeza jurídica y reactivar la inversión van en la dirección correcta. En este contexto, el desafío es cambiar la pregunta, reflejando el espíritu de la ley que permita compatibilizar crecimiento, desarrollo y protección, entendiendo que el crecimiento es parte de nuestra naturaleza y configura una condición estructural para mejorar sostenidamente tanto la calidad de vida de las personas como nuestro capital natural.

La discusión de fondo no es si crecer o no, sino cómo y dónde crecer. Chile es un país con una vocación exportadora consolidada que, en el actual escenario geopolítico, adquiere un valor estratégico que requiere ser entendido en profundidad. Buena parte de la inversión que llega al país está integrada a cadenas globales orientadas a la transición climática y tecnológica. El cobre, el litio y los minerales críticos, junto con sectores como la fruticultura, la salmonicultura o la industria forestal, cumplen un rol indispensable en desafíos globales cuya externalidad positiva va mucho más allá de nuestras fronteras.

Proteger en serio implica asumir responsabilidades reales. Mientras en Latam los países que mayor áreas protegidas tienen son Venezuela (57%) y Bolivia (31%), Finlandia protege el 13%. Si Finlandia, con el sector privado, protege cerca del 70% de su superficie, ¿significa que el modelo a seguir es el de promover declaraciones voluntaristas sin capacidades efectivas de implementación que derivan en informalidad, corrupción y un deterioro efectivo del capital natural? La proliferación de exigencias de bajo impacto ambiental, trámites redundantes y burocracia excesiva no fortalece la protección: la debilita. La solución, por tanto, no es proteger más por decreto, sino proteger bien: Simplificar procesos, entender el verdadero rol multiplicador del sector privado en lograr objetivos ambientales, fortalecer la calidad de la norma, reemplazar cargas administrativas por estándares modernos, verificables y transparentes con capacidades técnicas y fiscalizadoras efectivas.

Bien trabajada, esta visión puede convertirse en un elemento diferenciador: una forma de desarrollo donde el orgullo y la cohesión regional alimenten una vocación productiva con elementos efectivos de protección ambiental como parte de un mismo todo. Existe una épica regional, sectorial y de una generación más joven que puede ser la base para un modelo de crecimiento ordenado, con reglas claras y visión de futuro.

Superar la lógica de confrontación estéril es hoy una condición indispensable. Chile necesita construir un activo institucional que permita, a través del crecimiento sostenible en el tiempo, lograr una protección ambiental efectiva, legítima y duradera.

*El autor de la columna es consejero de la Sofofa