Tras años de inestabilidad política, en los que Perú ha tenido ocho presidentes en 10 años, sumado a una desaceleración económica y creciente inseguridad ciudadana, el próximo presidente peruano se deberá hacer cargo de un país con profundas demandas sociales y una ciudadanía cada vez más recelosa de las instituciones.

“Creo que ambos candidatos, sea cual sea el resultado, tienen que poner tres temas en la agenda al menos para ser atendidos en el corto plazo”, afirmó Alejandro Mejía, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en una entrevista publicada en el portal de la casa de estudios.

En primer lugar, destacó la necesidad de enfrentar la incertidumbre política. “Organismos internacionales han alertado de que eso puede generar a mediano y largo plazo afectaciones directas al crecimiento económico del país. Dar iniciativas de reformas, superar la polarización y la fragmentación política, y centrarse en lo que es el crecimiento del país”, indicó.

Aunque la economía evitó una crisis mayor producto de la estabilidad macroeconómica y del manejo monetario del Banco Central de Reserva, el país aún crece por debajo de su potencial, señaló Bloomberg. El ministerio de Economía y Finanzas proyecta una expansión de 3,5% para este año, sin embargo, los economistas creen -sostuvo la agencia- que es necesario un crecimiento sobre el 5% para cerrar las brechas sociales y generar empleo.

De hecho, tales son los desafíos que tiene el país por delante que, siendo reconocido mundialmente por su cocina, en 2024, el 51,7% de la población sufría inseguridad alimentaria moderada o grave. La desnutrición, incluida la anemia y la obesidad y el sobrepeso entre niños y adolescentes, va en aumento, según el Programa Mundial de Alimentos.

En tanto, más de un 32% de la población se encuentra en riesgo de pobreza.

El economista y socio de la prestigiosa consultora económica Macroconsult, Elmer Cuba, sostuvo -en conversación con Bloomberg- que la estabilidad política será clave para recuperar confianza, tras años marcados por la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. “La estabilidad en sí misma es buena para los negocios”, afirmó.

Economistas y exfuncionarios consultados por Bloomberg coinciden en que las primeras señales del nuevo gobierno, desde los nombramientos del equipo económico hasta las decisiones sobre inversión, gasto público y minería, serán observadas de cerca por el mercado y el sector privado.

“La principal medida es descartar cualquier cambio en la Constitución”, dijo Cuba. A su juicio, abrir nuevamente el debate sobre una Asamblea Constituyente “sería el corrosivo para cualquier esquema de relanzamiento de la inversión privada”.

Mejía indicó que un segundo aspecto prioritario es combatir el déficit fiscal y promover la llegada de nuevas inversiones. “Las primeras señales que se lancen en los siguientes meses deben ser para recuperar la confianza en el país para generar mayor atracción de capitales”, sostuvo. Asimismo, advirtió que los conflictos sociales y la precariedad institucional continúan siendo factores que limitan el desarrollo económico.

José Salardi, exministro de Economía y Finanzas, indicó a Bloomberg que el próximo gobierno debe llegar con medidas ya trabajadas antes del día que asuma la presidencia, el 28 de julio, para evitar repetir la improvisación de administraciones anteriores.

“El país no puede darse el lujo de seguir perdiendo más tiempo”, señaló. Según explicó, las propuestas económicas y los primeros decretos deberían estar preparados desde el período de transición para acelerar su aplicación durante los primeros meses de gestión.

Más del 70% de los trabajadores peruanos se desempeñan en condiciones de informalidad. Se trata de uno de los principales problemas estructurales de la economía nacional.

Los expertos creen que la creación de empleo formal será clave para mejorar los ingresos familiares, ampliar la base tributaria y fortalecer los sistemas de salud y pensiones.

Seguridad ciudadana

La delincuencia se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos. Extorsiones, sicariato, robos y crimen organizado forman parte de una realidad que afecta tanto a Lima como a diversas regiones del país.

Según la revista Caretas, la expansión de redes criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas ha puesto a prueba la capacidad del Estado para garantizar el orden público. El próximo gobierno enfrentará una creciente presión para ofrecer resultados concretos en materia de seguridad durante sus primeros meses de gestión.

Los ciudadanos ya no solo exigen más presencia policial, sino también inteligencia, reforma institucional y una mejor coordinación entre el Poder Ejecutivo, la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Respecto a la inseguridad ciudadana, Mejía señaló que su impacto va más allá de la seguridad personal de los ciudadanos. “El tener un deterioro paulatino de la inseguridad ciudadana genera que se ahuyenten las inversiones, también que muchos ciudadanos migren fuera del país. Esto nos puede afectar el día a día de las actividades económicas”, expresó.

Por otro lado, la revista Caretas señaló que pese a los avances en transparencia y fiscalización, la corrupción sigue apareciendo entre los principales problemas del país.

Las investigaciones que han alcanzado a expresidentes, gobernadores regionales, alcaldes y altos funcionarios han profundizado la percepción de que los recursos públicos continúan siendo vulnerables a prácticas irregulares.

“La lucha contra la corrupción será una prueba permanente para la próxima administración y un factor decisivo para recuperar la credibilidad de las instituciones”, indicó la publicación.