Sin Chile en la lista, hoy entró en vigor el pacto medioambiental Acuerdo de Escazú

escazu

En ceremonia, la secretaria ejecutiva de la Cepal apuntó a Chile y manifestó que "esperamos que este Acuerdo de Escazú esté incorporado realmente en los principios de la nueva Constitución en Chile, porque la verdad es que no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes”.




Fue a través de una conferencia virtual en la que múltiples líderes mundiales celebraron la entrada en vigor del mayor pacto medioambiental y de derechos humanos de América Latina. Luego de años de tramitación y tras la aprobación en 12 países de la región, el Acuerdo de Escazú se convirtió en el primer tratado del continente -y único a nivel mundial- en consagrar la protección de los defensores de asuntos ambientales.

Sin Chile en la lista de países miembros y justo en el Día de la Tierra, el pacto permitirá a los Estados parte contar con estándares mínimos para el ejercicio de los derechos del acceso a la información, la participación y la justicia ambiental.

La ceremonia fue liderada por la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, quien manifestó que “este es un día muy importante para darle a los defensores sus derechos. Este es un día para hacer la paz con la naturaleza. Es un día en que el mundo rinde homenaje a la madre Tierra y en la región estamos mostrando nuestro compromiso con la protección del planeta, de la Tierra, de los océanos, del aire y el agua”.

“El Acuerdo de Escazú nos encamina a reflexionar entre el estrecho vínculo entre los derechos humanos y la construcción de un desarrollo más sostenible, inclusivo e integrador. Este acuerdo, al ratificarse, quiere decir que empezamos un camino para implementar la Agenda 2030 en un momento tan complejo para la región y el mundo. El acuerdo es una guía para construir un futuro distinto, un futuro que cambie nuestro modelo de desarrollo y que nos acerque al vivir bien”, dijo.

Además, apuntó a Chile y señaló que el país “está por debatir una nueva Constitución. Esperamos que este Acuerdo de Escazú esté incorporado realmente en los principios de la nueva Constitución en Chile, porque la verdad es que no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes”.

Así, agregó que este pacto es un instrumento jurídico de nueva generación “cuyo fin último es garantizar a las generaciones presentes y futuras el derecho a un medioambiente sano”.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también participó de la instancia a través de un video grabado en el que expresó que “el compromiso de lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales y de promover la armonía con la naturaleza tiene eco en el llamamiento a la acción para los derechos humanos del secretario general, que incluye los derechos de las generaciones futuras y la justicia climática”.

“Ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú son una de las herramientas más eficaces para responsabilizar a los Estados, defender los derechos y proteger la salud de las personas y del planeta”, agregó.

Esto, añadió la Alta Comisionada, “es especialmente importante dado que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden el medio ambiente y la tierra, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes”.

¿En qué consiste Escazú?

En 2018, el acuerdo fue adoptado por 21 países en la localidad de Escazú, al suroeste de San José, en Costa Rica. Luego se unieron tres países más, pero solo 12 de ellos lo ratificaron, permitiendo su puesta en vigor.

Con esto, los Estados miembros son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

Chile fue junto a Costa Rica uno de los principales promotores de este acuerdo, pero el gobierno del Presidente Sebastián Piñera anunció en septiembre pasado que no suscribiría el pacto al considerarlo “inconveniente” para el país “atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna, todo lo cual generará generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica”.

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.