La complejización territorial y el aumento de conflictos sociales han transformado el panorama para los proyectos empresariales en Chile. El panorama no es alentador, considerando que el 77% de los proyectos en tramitación ambiental se judicializa y, en el 40% de los casos, por deficiencias en la participación ciudadana o en los procesos de consulta temprana.

Para comprender la percepción de impactos socioambientales en los territorios donde se emplazan proyectos productivos, la consultora Gestión Social analizó 41 diagnósticos territoriales realizados entre 2021 y 2024 desde Arica y Parinacota hasta Magallanes, abarcando sectores como energía, minería, salmonicultura, inmobiliario, retail y educación.

Una de las principales alertas es que un 68% de los impactos percibidos por las comunidades son negativos, siendo la dimensión ambiental el principal foco de tensión. El 36% de estos impactos están asociados a ecosistemas frágiles, escasez hídrica, contaminación atmosférica y vulnerabilidad ante desastres (incendios y remociones de tierra).

“Lo que estamos viendo es una desconexión entre las estrategias de inversión y las condiciones reales de los territorios. Hay una alta sensibilidad en torno al agua, el aire, las áreas protegidas, pero también a la forma en que se toman decisiones sin contextualización local”, señala Paula García de los Ríos, socia de Gestión Social.

En cuanto a los impactos positivos (32%), estos están relacionados al empleo, compensaciones y dinamismo productivo.

Foco de tensión en el sur

Los resultados muestran diferencias entre macrozonas. El mayor número de impactos negativos está en el sur, donde los conflictos se relacionan con actividades productivas, áreas protegidas y territorios indígenas. En el norte, el uso intensivo del agua genera tensión constante. En la zona centro, predominan las quejas por contaminación, seguridad, ruido y presión sobre servicios locales.

El análisis también identifica factores agravantes: participación comunitaria deficiente, falta de inserción territorial y desconexión cultural. En muchos casos, los proyectos son percibidos como externos y ajenos al desarrollo local.

“La ausencia de procesos de participación temprana sigue siendo una de las principales causas de conflicto. Cuando las comunidades no son consideradas desde el inicio, se instala una sensación de imposición que es difícil de revertir”, agrega Emilia Muñoz, socia de Gestión Social

Para esto, es clave reconocer la diversidad territorial, diseñar estrategias de mitigación ambiental robustas y revalorizar el vínculo temprano con las comunidades. Incluirlas desde el inicio permite superar la lógica de la consulta formal y avanzar hacia modelos de codiseño.

Para avanzar en mayor legitimidad, en la práctica el estudio propone ser diligentes en abordar tres etapas fundamentales en todo proyecto: Análisis de prefactibilidad en etapas tempranas; Diseño del proyecto y proyección de la evaluación ambiental en permanente diálogo; y Evaluación ambiental con gestión permanente y sólida de stakeholders.