Una base de datos de todas las constituciones del mundo, el espacio sobre el proceso constituyente creado por la Biblioteca del Congreso y la posibilidad de revisar el estado de la democracia directa en varios países, son algunos de estos sitios que te recomendamos.

En el 2018 se agregó en la Carta Magna un artículo sobre la protección de los datos personales. Sin embargo, a raíz de la pandemia desatada por la propagación del coronavirus, el tema volvió a surgir tanto por la información que maneja el gobierno sobre la enfermedad y la última polémica por el convenio entre la ANI y el Sename.

La constitucionalista y académica de la Universidad Católica cree que entre las razones por las cuales se han presentado mociones inconstitucionales se debe a una histórica tensión entre la figura del Presidente y el Congreso. Para ella, este tipo de prácticas debilitan a las instituciones y pueden afectar la percepción de ellas en la ciudadanía.

Con el inicio de una investigación de parte del Ministerio Público por eventuales hechos de corrupción, y un plebiscito por una nueva Constitución en el horizonte ¿Qué se puede sacar en limpio frente a las disputas desatadas al interior del Tribunal Constitucional tras las declaraciones de su presidenta María Luisa Brahm? Los abogados Luis Cordero, Sergio Verdugo, Jorge Contesse y Francisco Zúñiga responden esa pregunta.

El académico de la U. de Chile y miembro del comité asesor de Re:Constitución cree que la participación ciudadana debe estar en el debate público de cara al proceso constituyente que, hasta ahora, podría comenzar en octubre.

A raíz del coronavirus, la importancia de la salud en nuestras vidas se ha propagado en nuestro comportamiento social y sanitario y también en la economía y la política. La pandemia ha servido para reabrir el debate, a cara al plebiscito de octubre, de sí es necesario cambiar la forma en la que la actual Constitución la aborda. Re:Constitución consultó a constitucionalistas, políticos, exautoridades y trabajadores de la salud para exponer sus visiones al respecto.

La ley que permitirá que cerca de 1.700 reclusos descompriman las cárceles en medio del avance del coronavirus -promulgada esta semana- abrió la puerta para que, en medio de la presión de su sector, el Presidente Piñera anunciara la revisión de diversas solicitudes de indulto particular, incluyendo a condenados por delitos de lesa humanidad presos en Punta Peuco. La controversia oficialista, que llegó hasta el Tribunal Constitucional, revivió así un antiguo debate sobre esta polémica y cuestionada facultad exclusiva del Mandatario.

Aunque no es algo nuevo, las indicaciones o proyectos que serían inconstitucionales han seguido con más fuerza tras el acuerdo por la paz y por una nueva Constitución del pasado 15 de noviembre. ¿Son, como ha apuntado el oficialismo, tácticas “dilatorias”, o válidas demandas tras la crisis social?

El abogado constitucionalista cree que la crisis sanitaria no anulará las demandas por una nueva Carta Magna, pero que sí despejará el debate. "Las posiciones más maximalistas -y había maximalismo en el ‘rechazo’ y puede haber habido en el ‘apruebo’- probablemente van a estar más desfasadas, en un momento donde se hace más imperiosa la cooperación, el diálogo y la capacidad de ceder", dice.

Pedir cuarentena regional por el coronavirus, decretar cierre de centros comerciales, anunciar presuntas muertes por covid-19 antes que la autoridad, bloquear rutas, suspender clases, ser cuestionados por participar en la tele. La figura de las y los alcaldes pasó a primer plano desde el estallido social del 18 de octubre, pero más aún luego de la propagación de coronavirus.

La presidenta del Colegio de Abogados y miembro del consejo asesor de Re:Constitución, Leonor Etcheberry, considera que mujeres y niños han sido dejados atrás por la Constitución actual. Y que si vamos a hablar de una nueva carta lo lógico sería incoporar los derechos de la infancia y discutir sobre formas de paridad que garanticen la igualdad de género.

Actualmente, la Constitución garantiza el derecho a la educación, la salud y el trabajo. Sin embargo, algunos piden que esos derechos se les asigne una lógica de igualdad y que no estén regulados por el mercado. Otros, en tanto, creen que avanzar en esa línea podría provocar un conflicto entre la separación de los poderes.

A dos años de que haya sido presentado, el investigador del CEP analiza la iniciativa que no prosperó en el Congreso tras la llegada de Sebastián Piñera a La Moneda. Sierra cree, a pesar de que no comparte varias cosas de lo que se presentó, que era un buen insumo para comenzar la discusión en ese momento y también para el debate constitucional actual.