SEÑOR DIRECTOR:

Compartimos la preocupación del editorial del viernes sobre la inconsistencia del Estado frente a las casas de apuestas online: mientras la Corte Suprema confirma su ilegalidad y se procede a bloquearlas, estas plataformas patrocinan equipos de fútbol, se publicitan libremente, y el Servicio de Impuestos Internos les cobra IVA.

Pero el proyecto de ley en discusión está lejos de resolver el problema. La experiencia internacional muestra que legalizar y fiscalizar la industria no basta. Las apuestas online tienen riesgos propios, derivados de su disponibilidad permanente y de su extraordinaria capacidad para generar adicción. Sus daños van del endeudamiento y las conductas delictivas a problemas de salud mental. De hecho, el riesgo de suicidio es particularmente alto entre las adicciones conductuales.

A ello se suma una duda que el proyecto no despeja. ¿Con qué herramientas se perseguirá a las plataformas y proveedores internacionales que sigan operando fuera de la ley? Esto es de vital importancia si consideramos que ambos, como han advertido diversos organismos internacionales, son utilizados para el lavado de activos, por el volumen de recursos que movilizan entre medios de pago, proveedores y jurisdicciones.

Mantener el actual vacío regulatorio es insostenible. Pero legalizar las apuestas online en los términos de este proyecto significa otorgarles reconocimiento estatal sin hacerse cargo adecuadamente de los daños que su propio modelo de negocio genera.

Francisca Figueroa

Emilia García

IdeaPaís