SEÑOR DIRECTOR:

La reciente controversia entre el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y el Ministerio de Hacienda revela una tensión estructural inevitable en el marco fiscal chileno: la coexistencia de una institución técnica con atribuciones legales para advertir riesgos, y una autoridad política que debe tomar decisiones con responsabilidad democrática. El CFA ha cumplido su rol legal al emitir una opinión crítica (no vinculante) sobre la sostenibilidad fiscal del país, cuestionando la utilización de causales poco claras para modificar las metas estructurales. Pero su foco excesivo en la necesidad de recortes fiscales sin ponderar su viabilidad política y social merece matices. No obstante, su mandato no solo permite, sino que le exige pronunciarse en escenarios como este.

La reacción del Ejecutivo, calificando el informe como “inusualmente severo”, pone en entredicho esa función de contrapeso institucional. Más allá del tono, lo preocupante sería un CFA complaciente. La credibilidad de la regla fiscal no depende solo de su cumplimiento, sino también de la transparencia del debate que la rodea. Que el Consejo cuestione decisiones del gobierno no es un exceso, sino una muestra de autonomía y madurez institucional. En una democracia sólida, los disensos técnicos y políticos no se suprimen: se canalizan. Lo que está en juego es la legitimidad del diálogo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el impacto en la calidad de vida de la población.

Francisco Castañeda

Economista, Universidad Central de Chile