SEÑOR DIRECTOR:

El Plan de Emergencia Habitacional (PEH) ha logrado avances significativos en la entrega de soluciones habitacionales, superando las 184 mil, acercándose a la meta de 260.000 unidades para 2025. Sin embargo, estos resultados no deben ser celebrados como el posible fin exitoso de un proceso, sino como un llamado para iniciar una discusión legislativa que garantice la continuidad y fortalecimiento de esta política. La crisis habitacional requiere un compromiso de Estado que trascienda los ciclos políticos.

Se han superado las metas anuales de viviendas iniciadas en los últimos años, sin embargo, los avances son heterogéneos según región y programa. El subsidio para sectores vulnerables y el de integración, pilares de la política habitacional, están por debajo de sus objetivos, lo que subraya la necesidad de tener una producción constante a través de un marco normativo que garantice su continuidad. La diversidad en la composición demográfica de los hogares —con menos hijos, más personas solas y también migrantes— exige una política flexible e inclusiva que responda a nuevas realidades.

La emergencia habitacional requiere acciones concretas y transparentes, y un compromiso de todos los actores. Esto sólo será posible si se establece un marco legislativo que blinde estas políticas de los vaivenes políticos y presupuestarios. El tiempo para esta discusión es ahora, cuando podemos aprender de las lecciones del PEH y asegurar que los hogares que aún esperan una solución habitacional puedan continuar avanzando hacia su objetivo, incluso más allá del actual período de gobierno. El derecho a la vivienda adecuada merece la atención de quienes toman las decisiones, y esa atención debe traducirse en una acción legislativa inmediata para extender y fortalecer el Plan de Emergencia Habitacional.

Trinidad Vidal

Directora de Políticas Públicas de Déficit Cero