SEÑOR DIRECTOR:

Chile necesita certezas. En un momento en que el país enfrenta desafíos urgentes en seguridad, ejecución del gasto, permisos, inversión, compras públicas y modernización digital, la actual regla que fija la toma de posesión presidencial tres meses después de la segunda vuelta genera un vacío evidente: durante ese periodo, el Estado opera con capacidad limitada, justo cuando más se requiere conducción.

Por eso, recibimos con grata sorpresa el proyecto de ley ingresado hace unos días, que propone adelantar el calendario institucional: elecciones presidenciales y parlamentarias el tercer domingo de octubre, instalación del Congreso el 11 de enero y asunción presidencial ese mismo día al mediodía. La iniciativa apunta a reducir la incertidumbre, mejorar la gobernabilidad y sincronizar tiempos entre Ejecutivo y Legislativo, fortaleciendo la coordinación entre gobiernos saliente y entrante.

La transición actual es inusualmente larga comparada con otras democracias. En Estados Unidos toma semanas; en Brasil, dos meses; en Argentina y Bolivia, tres semanas; en Costa Rica, 35 días; en Colombia y Ecuador, 39; y en República Dominicana, 42. Distintos calendarios, una misma convicción: el Estado no puede detenerse.

Acortar la transición favorece al país. Reducir este periodo permitiría al nuevo gobierno desplegar su programa con mayor rapidez y otorgar mayor estabilidad institucional.

La ciudadanía exige soluciones y continuidad; la economía requiere señales claras. Modernizar el calendario presidencial no es un debate electoral, sino una mejora necesaria para el buen funcionamiento del Estado.

María Teresa Vial

Presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago