SEÑOR DIRECTOR:

Hace unos días se aprobó, sin mayor debate, que las compras internacionales de jurel realizadas en el marco de la ORP sean gravadas con una “patente” de US$95 por tonelada. Dado que el valor de mercado es de US$300, esto implicará un sobreprecio cercano al 30% para las empresas chilenas, afectando gravemente su competitividad.

Esta “patente” no es más que un impuesto encubierto, presentado a última hora por el Ejecutivo, que sienta un preocupante precedente al impulsar un nuevo impuesto saltándose su discusión regular en el Congreso y su revisión por la Comisión de Hacienda.

Sin análisis técnico ni discusión transparente, se impuso un tributo nuevo e innecesario, lo que quedó demostrado en diversos estudios, entre ellos el del exsubsecretario de Pesca, Andrés Couve, donde se evidencia que el gasto que se busca financiar no existe.

La urgencia por recaudar revela otro intento desesperado del gobierno por tapar el enorme agujero fiscal –como ya lo ha hecho con otros proyectos– aun a costa de dañar la imagen y la proyección internacional del país.

Antonella León

Fundación Jaime Guzmán