SEÑOR DIRECTOR:

Lo ocurrido con los recursos destinados a los damnificados del megaincendio de Valparaíso vuelve a golpear la confianza ciudadana en las instituciones. Que la Contraloría haya detectado irregularidades en la gestión de fondos por parte de autoridades y municipalidades, y que la Fiscalía deba abrir una investigación penal, no es un mero problema administrativo, es una falta de respeto con las familias que lo perdieron todo.

Cada peso mal usado en este contexto deja de traducirse en vivienda, contención y reconstrucción para quienes siguen viviendo en la precariedad. Resulta inaceptable que, en vez de garantizar procesos claros, trazables y oportunamente informados, se repitan las mismas malas prácticas que ya hemos visto tras otras emergencias.

Se requieren sumarios ejemplares, restitución de los recursos mal empleados y responsabilidades políticas claras, no solo comunicados y comisiones. Pero, sobre todo, se exige un nuevo estándar de transparencia: publicación detallada y en línea del uso de cada fondo de emergencia, con auditorías permanentes y participación de la sociedad civil.

Si el Estado pide solidaridad a la ciudadanía en cada catástrofe, lo mínimo es que responda con probidad absoluta.

Rafael Aldunate

Presidente

Instituto Libertad