SEÑOR DIRECTOR:

Las iniciativas que se han planteado desde el gobierno, orientadas a tipificar el ingreso clandestino como delito, así como la iniciativa de restringir el acceso de migrantes irregulares a servicios públicos, reflejan la urgencia por enfrentar la migración irregular. Sin embargo, ambas medidas plantean dudas respecto de su eficacia y consecuencias reales.

Establecer como delito el ingreso irregular implicaría judicializar todos los casos, sobrecargando al Ministerio Público y a los tribunales, lo que previsiblemente dificultaría —en lugar de agilizar— los procesos de expulsión. Por otra parte, las restricciones al acceso a beneficios públicos presentan limitaciones técnicas relevantes en el actual proyecto, pues no se establecen criterios claros de priorización, dificulta los canales de registro de población irregular, puede sobrecargar el sistema de urgencias en salud y además derivar en costos sociales y sanitarios de mayor envergadura en el mediano plazo.

Frente a un fenómeno complejo, Chile requiere políticas migratorias técnicamente sólidas, ejecutables y orientadas a resultados efectivos. Para esto, es fundamental que las medidas se basen en evidencia y tengan un enfoque integral, de modo que el refuerzo del control y las sanciones no profundicen los desafíos sociales del país ni comprometan la eficacia del Estado.

Juan Pablo Ramaciotti

Centro de Políticas Migratorias