Un portazo en la Corte de Apelaciones de Santiago fue el que recibió Arnaldo Domínguez, asesor del exdiputado Joaquín Lavín León y quien se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, delitos tributarios, cohecho y falsificación de instrumento privado mercantil, cometidos entre 2015 y 2025.

Domínguez, quien se encuentra cumpliendo la cautelar en Santiago 1 -a diferencia de Lavín León quien está en Capitán Yáber-, recurrió al tribunal de alzada capitalino con un recurso de amparo a través del cual buscaba cambiar la medida.

Sin embargo, el tribunal -integrado por los ministros Guillermo de la Barra, Pablo Toledo y la abogada integrante Paola Herrera- consideró que la defensa de Domínguez erró el recurso y la instancia para buscar dicho propósito.

“Los antecedentes expuestos en el recurso no constituyen una denuncia de hechos que correspondan a aquellos que, según el artículo 21 de la Constitución Política de la República, deban ser conocidos en esta clase de acciones”, se señala.

En ese sentido, se añade: “Máxime si, de lo expuesto, se advierte que lo cuestionado corresponde a una resolución judicial respecto de la cual es procedente su revisión y su impugnación mediante los recursos procesales correspondientes, encontrándose, por tanto sometidos los hechos cuestionados al imperio del derecho, bajo la tutela jurisdiccional del Séptimo Juzgado de Garantía”.

En el texto se agrega que el recurso “fue declarado admisible únicamente teniendo en consideración que se alegó que se imputaban hechos que no fueron objeto de desafuero del amparado de ese ingreso, cuestión que no se verifica en el presente caso”. Esto en referencia a que el exdiputado Lavín presentó un amparo similar, que está viéndose durante este viernes.

Con todo, la defensa de Domínguez señaló que apelará e irá a la Suprema buscando cambiar el presente de su defendido.

La presunta participación de Domínguez

Según expuso la fiscalía Oriente, lo que fue acreditado por el juez Daniel Urrutia, durante 2017 Lavín encargó a Juan Silva Morales una serie de trabajos, los que este iba facturando al diputado “conforme a las instrucciones que le proporcionaba por intermedio del coimputado Domínguez”.

Desde junio de 2014 y hasta mayo de 2022, Lavín y Arnaldo se habrían coordinado para defraudar al fisco mediante la contratación fraudulenta de Belén Esperanza Carrasco Riquelme, pareja de Domínguez. La mujer, señaló la fiscalía, fue contratada con cargo a fondos públicos del Congreso, constando que al menos desde 2018, esta no cumplió función alguna como asesora.

En síntesis, Lavín León y Domínguez Vallejos instruían al proveedor la emisión de facturas ideológicamente falsas, conforme al monto mensual disponible en el ítem de gastos operacionales destinado a publicidad del parlamentario, para obtener reembolsos de fondos públicos del Congreso.