SEÑOR DIRECTOR:

En el último mes han muerto un bebé, un preadolescente y una joven mientras estaban en programas residenciales del Servicio Nacional de Protección Especializada, es decir, bajo cuidado del Estado. El cuerpo del adolescente de 14 años, que había escapado de una residencia en Arica, fue amarrado y quemado en público. Mientras, la niña que fue ingresada a una residencia por negligencia grave a los 13 años y que luego fue víctima de explotación sexual mientras estaba en la residencia, falleció por una trombosis pulmonar en el hospital. Igual de trágico es el fallecimiento por inmersión de un niño de tres años en una residencia de administración directa en Ñuñoa. Estas muertes, al igual que muchas otras, reflejan un modelo de atención que no garantiza los derechos y la protección para niños, niñas y adolescentes que necesitan de cuidados alternativos.

Es urgente responder como sociedad, y para esto, debemos avanzar decisivamente hacia lo que demuestra la experiencia y evidencia internacional: un sistema que garantice el cuidado familiar como primera opción y evite la institucionalización en residencias.

Como alianza para el acogimiento familiar, junto a decenas de organizaciones, hemos levantado un conjunto de propuestas técnicas, presupuestarias y normativas para tomarnos en serio lo que la evidencia internacional y nuestra propia legislación ya señalan: siempre que sea posible, los niños y niñas deben crecer en familia y no en residencias. El acogimiento familiar no es una alternativa secundaria, sino una obligación ética y legal que requiere decisión política, recursos suficientes y acción coordinada del Estado y la sociedad.

Rafael Rodríguez

Gte. general Fundación San Carlos de Maipo

Arturo Celedón

Director ejecutivo Fundación Colunga

Francisca Reutter

Directora ejecutiva Fundación Ilumina