SEÑOR DIRECTOR:

Escribo desde el dolor y la impotencia, pues un niño de tres años falleció el fin de semana en una residencia de administración directa, en un accidente que pudo haberse evitado. ¿Qué falló? Lo que advertimos en su momento varios que ya no estamos en el Servicio, e instituciones como la Defensoría de la Niñez: la deficiente cantidad de personal y que se priorizaran más plazas por residencia.

Me tocó alertar a las autoridades políticas cuando trabajé en la institución y la respuesta fue que no había que tensionar el modelo vigente y que había que mantener un bajo perfil comunicacional. Aun así, impulsé un diseño con residencias de no más de seis niños, decisión que fue revertida por el actual director, quien fue explícito al decirme que su rol sería evitarle problemas políticos al Presidente. La dificultad no era la viabilidad, sino el costo político que no estaba dispuesto a asumir. Por eso renuncié, no siendo la única, porque comprobamos que sí es posible hacerse cargo y hacer los cambios necesarios cuando hay prioridades claras.

Hoy, cerca de 5.000 niños, niñas y adolescentes están viviendo en residencias bajo la protección del Estado, cada uno de ellos con historias de abandono, violencia y trauma, que dependen completamente de un Servicio que, en los hechos, ha postergado una y otra vez las decisiones de fondo. Si la muerte de un niño no constituye el costo más alto, entonces el sistema está éticamente quebrado. Él tenía derecho a vivir y el Estado tenía el deber de protegerlo.

Victoria Becerra Osses

Ex subdirectora nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia