Aciertos, dilemas y desafíos de la escultura pública en Chile

Los escultores Federico Assler y Sergio Castillo fueron los pioneros en aspirar a ver sus obras conviviendo día a día con el público. A fines de los 60 la movida implicaba dejar atrás la escultura como monumento y objeto conmemorativo para asumir los desafíos del arte del siglo XX.

Tras 50 años, la obra de arte en espacio público vive hoy una época dorada: en los últimos 15 años, paseos, calles y parques de todo el país se ha inundado de esculturas de artistas locales. ¿Pero cómo y quiénes escogen las obras que serán emplazadas en la ciudad?

Uno de los organismos es la Comisión Nemesio Antúnez, creada en 1994 por la División de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que se dedica a la generación de concursos abiertos para seleccionar obras de arte que puedan insertarse con éxito en la urbe. Hasta la fecha llevan más de 180 obras en todas las regiones, escogidas por un jurado que, según la Ley 17.236, está integrado por el director nacional de Arquitectura del MOP, el director del Seremi donde se emplace la obra, el director del Museo de Bellas Artes, un representante de la Asociación de Escultores y otro de la Sociedad de Bellas Artes. Antes, eso sí, se escoge el lugar donde irá emplazada la obra. Eso es la clave de todo: "Pedimos a los artistas que conozcan el contexto, si se trata de un aeropuerto, una autopista o un edificio y también al público que la recibirá. A partir de ahí, la creación es libre", dice el director de Arquitectura del MOP, James Fry.

"La mayoría son financiadas por el Estado o son concesionadas", agrega Fry. Según las bases del concurso, los montos pueden ir de $ 15 a $ 160 millones, o más. Entre las experiencias más exitosas están los 24 bloques de granito en forma de ruinas instalados por Marcela Correa en la región de Tarapacá, en 2009, o las ocho estructuras en forma de hongos, envueltas en hiedra, emplazadas en calle Vicuña Mackenna, en 2008.

Pero en la ciudad, el MOP no es al única voz. Los municipios también realizan concursos con la idea de "hermosear" sus terrenos. Rosita Lira y María Elena Comandari, galeristas de Artespacio, son expertas en vincular a alcaldes con empresarios para levantar obras de arte urbano. "Empezamos con los miembros de Ciudad Empresarial quienes fueron muy visionarios y en 1992 nos encargaron un concurso que hoy es un referente para el arte público", dice Lira. En Huechuraba, quedaron emplazadas obras de Francisco Gazitúa, José Vicente Gajardo, Osvaldo Peña, Aura Castro y Federico Assler. Los mismos se repitieron el plato, en 2010, en el Paseo la Pastora de Las Condes, que costó más de $ 300 millones financiado por empresas como Celfin, CCU y Corpbanca. La semana pasada inauguraron las piezas del Parque Bicentenario, de artistas como Cristina Pizarro, Lucía Waiser y Mauricio Gajardo, que costaron entre $ 9 y 23 millones, financiado por privados.

Errores y exilios

Más allá del financiamiento, que parece ser un tema saldado, los dilemas del arte público aún radican en la calidad de las obras. "Muchas se instalan en pedestales como si fuesen una mera ampliación de una escultura en galería. Esto devela a un artista inexperto, lo que a su vez es una deuda de las escuelas de arte que no tienen una formación para intervenir espacios públicos", explica Claudia Soto, escultora y vicepresidenta de la Soech.

Para el teórico de arte de la U. de Chile, Ignacio Szmulewicz, la escultura pública local está simplemente atrasada: "Se trata de una mirada del arte como objeto decorativo que no tiene casi incidencia en el espacio. Es fundamental cambiar la ley que rige a la Comisión Antúnez y fomentar un arte público que impulse el debate sobre temas urbanos, sociales y políticos".

Eso sí, por ahora la discusión parece anclada hace 20 años y esculturas como Homenaje a los pueblos originarios, de Enrique Villalobos, instalada en 1992 en la Plaza de Armas aún no convencen. "Fue elegida por un jurado, pero el emplazamiento está mal, esa obra no corresponde a la plaza, sino a un lugar más abierto y agreste", opina el escultor Vicente Gajardo. Coincide con él el artista Mario Irarrázabal, y suma en la lista de errores la escultura La búsqueda de Hernán Puelma, de 20 metros de altura, ubicada en Parque Bicentenario. "Me invitaron a participar de ese parque, pero me eché para atrás por la escultura de Puelma, está fuera de escala e invalida cualquier obra que se instale después", dice el autor de la Mano del desierto.

Un proyecto alabado en su primera etapa, pero criticado en la última década es el Parque de las Esculturas de Providencia, creado en los años 80. Irarrázabal le critica que tiene un exceso de obras y las últimas no son del mismo nivel que las primeras.

Frente a estos desaciertos, ¿es posible expulsar una obra de la ciudad? Rosita Lira propone como opción una evaluación o un referéndum público donde la gente pueda elegir si dejar o no una obra cuestionada. Pero el escultor Gaspar Galaz se opone tajantemente a esta idea. Para él la obra es resultado de un concurso público y por eso debe mantenerse en el lugar. "No es una cuestión de plebiscito", dice. Mientras que para Claudia Soto, de la Soech, y miembro de la Comisión Antúnez, la solución sería mucho más natural. "El uso que le dé la gente, a través del respeto, la admiración o el vandalismo define la vida de la obra pública. Ninguna autoridad política, académica o moral puede decidir sacar una obra, pero creo que el público sí puede rechazarla a tal punto de hacerla desaparecer".