Acuerdo por Hotel Hanga Roa puede sentar mal precedente

EN UNA CEREMONIA en La Moneda se anunció la firma de un acuerdo entre los propietarios del Hotel Hanga Roa y representantes de la etnia Rapa Nui -que no estaban presentes-, que pondría fin a las tomas que han afectado a sus instalaciones, y respecto del cual el gobierno asume la calidad de garante. El convenio contempla la creación de una fundación para el desarrollo de la Isla de Pascua y su etnia originaria, a la cual la sociedad hotelera transferiría gratuitamente la nuda propiedad del inmueble, manteniendo el usufructo por 30 años, además de entregarle un porcentaje de sus ingresos (0,5% en los primeros 10 años y el 1% en los restantes) a modo de retribución por conservar este derecho.

Si bien cabría celebrar que se llegara a un acuerdo para resolver el impasse entre las partes y pacificar la isla, la realidad dista de configurar un cuadro promisorio. Tanto porque queda la sensación de que los propietarios del hotel dieron su conformidad al convenio ante la evidencia de que sus derechos no serían amparados, como porque la facción más extrema de la familia Hito, que ha mantenido tomadas las instalaciones y que reclama la propiedad del terreno, no lo acepta, debido a que fue logrado con otros miembros de la comunidad isleña.

El problema de la toma del hotel nunca fue enfrentado por la autoridad, que ha intentado eludir su responsabilidad sosteniendo que se trata de un conflicto entre privados, cuando es manifiesto que ello que no es así. Tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial no dieron oportuna protección a quienes ejercían legítimamente los derechos constituidos conforme a la ley chilena. Los propietarios del hotel, basados en la legislación vigente, se consideraron siempre propietarios legítimos del inmueble -cosa que el acuerdo reconoce-, y de buena fe y con las mejores intenciones, acometieron un proyecto turístico que alcanzaría una inversión cercana a los US$ 50 millones, monto inédito para ese aislado territorio.

Si el gobierno considera que es una buena política de pacificación social restituir el terreno a la comunidad Rapa Nui -lo que es plausible-, debe proceder con recursos públicos a financiar su adquisición y no hacer recaer su costo en los particulares que son sus actuales dueños, que es lo que sucedió en este caso, viéndose ellos en la necesidad de donar la nuda  propiedad -quedándose sólo con el usufructo-, como único medio para asegurar la explotación del hotel por un lapso que les permita recuperar la inversión realizada.

El pacto es presentado como una solución imaginativa, pero constituye un precedente que puede tener efectos negativos en las inversiones que se puedan estar planificando en zonas de conflicto indígena, donde hasta ahora se había seguido la política de resarcir a los dueños por los predios de particulares que se entregaban a los miembros de las comunidades. Esto, además, alienta que las reivindicaciones que puedan formular los grupos indígenas se hagan por vías de hecho e incluso utilizando la violencia, lo que tiende a profundizar los conflictos, en vez de resolverlos civilizadamente.

Habiendo el gobierno suscrito el acuerdo como garante de su cumplimiento, corresponde al menos esperar que asuma su papel para obtener que el clan Hito deponga su actitud de fuerza y acepte los términos convenidos, rechazando nuevas exigencias que ellos se pudieran ver tentados a efectuar.