Aportes del Estado a ONG

Señor director:
El domingo pasado en su editorial se planteaba, con razón, la necesidad de mayor control para las subvenciones directas del Estado a ONG. No parece conveniente restringir el debate únicamente a las subvenciones estatales, ya que hay estudios que muestran que hoy las ONG en Chile administran fondos cercanos a US$ 1.400 millones y dan empleo a 300.000 personas, cifras que no consideran los aumentos que implicarán las ayudas por causa del terremoto.
Las ONG requieren con urgencia incorporar adecuados estándares de transparencia. Un buen punto de partida sería hacerles aplicable las obligaciones de transparencia activa de la Ley 20.285. Es recomendable, que el Estado no sólo les exija estándares, sino que apoye y capacite en su implementación. Se requieren niveles adecuados en la rendición de cuentas, potenciar al registro de personas jurídicas del Ministerio de Justicia y no esperar la aparición de casos de abusos. El actual marco jurídico somete a las ONG a una añeja regulación de las corporaciones, inadecuada para la naturaleza y requerimientos de un sector que ha crecido enormemente en las últimas décadas. La conclusión obvia es que debería debatirse una ley diseñada especialmente para las ONG y orientada a corregir las actuales falencias.
En cualquier caso, parece prioritario no caer en la trampa de la desconfianza generalizada o una regulación excesiva, que impidan que las ONG puedan desempeñar una importante labor, que es complementaria con los fines del Estado en áreas muy sensibles.
Nicolás Cobo Romaní
Centro de Estudios Internacionales Universidad Católica