Aumento de dotación del SII

EN EL último trimestre de este año, el gobierno enviaría al Congreso el proyecto de ley que incrementa la planta de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, que se contempló a propósito de la reforma tributaria. Este aumento sería de 680 funcionarios -que comprendería unos 400 fiscalizadores-, con lo cual la dotación total subiría un 16%, alcanzando 4.880 funcionarios (2.100 fiscalizadores). Uno de sus fundamentos estaría en que la dotación vigente no ha crecido desde el año 2000, mientras que los contribuyentes lo hacen a razón de 150.000 anuales.

Puede ser también que el temor a lo engorrosa y compleja de la reforma tributaria sea otra razón que haga considerar este explosivo aumento de la dotación, en particular de fiscalizadores, con el consecuente costo fiscal que ello implica. Pero dicha circunstancia no es argumento suficiente para justificar sin más un  incremento tan voluminoso y permanente de la planta.

El aumento de personal en las reparticiones públicas debe ser fruto de un estudio riguroso de la necesidad de mayores funcionarios y no de criterios como el simple aumento de trabajo, ni menos la aprobación de una ley, que lejos de incrementar la carga de trabajo, otorga mayores recursos vía incremento de la carga tributaria. En este sentido, la iniciativa tendría que justificar que la dotación existente no puede abordar el nivel de trabajo que se avecina o que los tan difundidos avances en automatización de los procesos de recaudación y fiscalización no tienen la eficacia que se ha les ha pretendido asignar. Asimismo, debe asegurar que la nueva dotación no adolecerá de  rendimientos decrecientes, pues es previsible que la recaudación tiene un punto en que tiende a estancarse en términos relativos.

No debe olvidarse que los controles tienen costos, que exceden los inherentes al personal, sino que otros indirectos, por ejemplo, el impacto en la actividad económica de los contribuyentes, que son la fuente de los impuestos, y una mayor litigación asociada.