Bielorrusia, el último país europeo que mantiene vigente la pena de muerte

El aviso llegó con dos minutos de antelación. Los funcionarios sacaron por separado a Vladislav Kovalev y Dima Konovalov de sus celdas del sótano del SIZO número 1, la única cárcel que alberga un corredor de la muerte en Bielorrusia. Tras informarles que el Presidente Aleksandr Lukashenko no los había indultado, fueron conducidos a una habitación contigua. El verdugo empuñó la pistola y disparó en la nuca de Kovalev y de Konovalov. En ese orden, según informó la televisión. Asesinados en el centro de Minsk, la capital. Era marzo de 2012. Tenían 25 años. Hoy, sus seres queridos siguen sin enterrarlos. Los ejecutados a muerte en ese país postsoviético no tienen derecho al descanso eterno: los cadáveres jamás se entregan a las familias. Muy pocas protestan, persuadidas de que no sirve de nada.

La pesadilla había empezado el 11 de abril de 2011: una bomba detonada en el metro de Minsk mató a 15 personas e hirió a 200, en la estación de Oktyabrskaya, situada en la avenida principal de la capital. Las autoridades clamaron venganza y en 24 horas la policía detuvo a Kovalev y Konovalov. "El KGB los interrogó sin abogado y les dio una paliza. Los chicos admitieron el crimen a las cinco de la mañana", denuncia Lyubov Kovaleva, madre de Vladislav Kovalev, quien sostiene que su hijo no hizo nada.

Bielorrusia es el único país de Europa -y de la antigua URSS- que todavía aplica la pena de muerte. Se exponen a ella los hombres de entre 18 y 65 años. Hasta hoy y según datos no oficiales, 326 personas han sido ejecutadas desde la disolución soviética. Bielorrusia es también el único país excluido del Consejo de Europa debido a las sistemáticas violaciones de derechos humanos: persecución y desaparición de opositores, represión policial, falta de libertad de expresión. Situado entre la Unión Europea y Rusia, está gobernado desde 1994 por Lukashenko, apodado desde Occidente como "el último dictador de Europa".

"Lukashenko destruyó la poca democracia que habíamos construido", indica Stanislav Shushkévich, ex mandatario de Bielorrusia, entre 1991 y 1994. Una vez en el poder, aquel ex director de un sovjós (explotación agrícola colectiva en los ochenta) viró hacia el pasado y empezó a arreglar elecciones. En 1995 convocó un referéndum y en 1996 otro: recuperó la bandera y escudos bielorrusos soviéticos y mantuvo la pena de muerte, propuesta que fue aprobada por el 86% de los ciudadanos.

"La falta de independencia judicial en Bielorrusia es preocupante. La selección de los jueces no se basa en criterios objetivos ni transparentes", explica la ONG británica Penal Reform International, en un informe sobre la pena de muerte en Bielorrusia publicado en 2012. "Los acusados tienen derecho a apelar al Supremo contra la decisión del juzgado de primera instancia. Sin embargo, algunas sentencias de muerte se han impuesto directamente por el Supremo (…) negando el derecho a apelar". Así fue en el caso de Kovalev y Konovalov.

El juicio se inició el 15 de septiembre. Las pruebas fueron débiles: sólo un video de las cámaras de seguridad del metro, donde se ve a una persona con un bolso de deportes. Según la acusación, se trataría de Dima Konovalov, aunque su cara no se distingue. En una investigación paralela, el FSB (servicio secreto ruso) dijo que el video había sido editado y manipulado, y que la altura y complexión del acusado no coincidían con las de la persona del video. La opinión rusa se ignoró.

Durante una conferencia de prensa en Minsk, un mes después de los ataques, el secretario general de Interpol, el estadounidense Ronald K. Noble, calificó de "terroristas" a los detenidos y alabó la "profesionalidad" del KGB, a pesar de su mala fama.

La Unión Europea y EE.UU. hace tiempo que vetaron a Lukashenko, también señalado por Naciones Unidas. Al presidente no parece preocuparle. Sus viajes de Estado lo llevan a estrechar la mano de dirigentes como el iraní Mahmud Ahmadinejad o el cubano Raúl Castro. También era amigo del fallecido mandatario venezolano, Hugo Chávez.

Aunque el uso del castigo capital sigue vigente, se aplica poco: 47 ejecutados en 1998, 2 en 2012. El descenso se debe al cambio del código penal, en 1999. Hasta entonces, la máxima pena, aparte de la muerte, era de 15 años de cárcel. La modificación introdujo la cadena perpetua y la posibilidad de condenar a 25 años de prisión. "La opinión pública no está preparada para la moratoria. El atentado aumentó la gente favorable a la pena de muerte, y la opinión del presidente es clara. De momento, no está dispuesto a cambiar nada", señala el diputado Nikolai Samoseiko, ex juez responsable de la comisión parlamentaria sobre asuntos de pena de muerte.