Buscan otorgar protección jurídica a Juan Carlos I ante posibles demandas

<P>Oficialismo presentó dos enmiendas a una reforma para aforar al saliente rey.</P>




El tiempo apremia. Un día después de que Felipe VI fuera proclamado nuevo rey de España, el gobernante Partido Popular (PP) anunció ayer la presentación de dos enmiendas a una reforma en curso para obtener "cuanto antes" la protección jurídica de Juan Carlos I, quien, tras su abdicación, perdió su inviolabilidad como jefe de Estado, un precepto constitucional que impedía juzgarlo. Detrás de la prisa por aforar al saliente monarca parecen estar dos demandas de paternidad, que se presentaron contra él hace un año y medio en los juzgados de Madrid.

El grupo parlamentario del PP presentó las enmiendas a un proyecto de ley ya en trámite, en el que se contempla una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permitirá lo que se conoce como aforamiento de Juan Carlos I y su esposa, Sofía. Su objetivo es "resolver una cuestión que es de actualidad y de gran importancia (...) el estatuto jurídico en que queda el rey Juan Carlos", afirmó el portavoz parlamentario, Alfonso Alonso.

El aforamiento de Juan Carlos I supone que sólo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo por hechos futuros, en caso de ser imputado por algún delito civil o penal, en lugar de los tribunales ordinarios, un privilegio similar al de otros altos cargos del Estado. En tanto, por los hechos de sus 39 años de reinado mantiene la inviolabilidad.

"Queremos resolver esta cuestión cuanto antes", explicó Alonso, precisando que el próximo pleno, necesario para la aprobación de una ley orgánica, está previsto para "la segunda semana de julio". La ley incluirá una disposición transitoria para paralizar los procedimientos que se puedan iniciar antes de la entrada en vigor del aforamiento.

Además del aforamiento de Juan Carlos I y Sofía, se aprobará el de la reina Letizia y el de la heredera de la corona, la princesa Leonor, de ocho años. El rey Felipe VI, según establece la Constitución, "es inviolable y no está sujeto a responsabilidad", por lo que no requiere de medidas particulares de protección jurídica.

El gobierno justificó la medida, diciendo que "hay muchísimos aforados en España", según dijo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Del aforamiento gozan en España los altos cargos institucionales, entre ellos, los miembros del gobierno y los parlamentarios nacionales y regionales, los jueces y los fiscales. En total son unas 10.000 personas, pero hasta ahora ningún miembro de la familia real forma parte de este grupo.

El 9 de octubre de 2012, dos juzgados de primera instancia de Madrid rechazaron las demandas de paternidad presentadas contra Juan Carlos I por el español Alberto Solá Jiménez y la belga Ingrid Jeanne Satiau, quienes aseguran haber realizado una prueba de ADN que determina, según el diario El Mundo, al 91% que son hermanos.

Con el nuevo escenario, Francesc Bueno, abogado de Solá, tiene esperanzas de que se tramite el caso. "Ahora ya no es inviolable y, con la ley en la mano, tenemos la razón", dijo Bueno a France Presse. El próximo lunes, el abogado ampliará el recurso con dos nuevas pruebas: por una parte, la ley de abdicación del monarca que certifica el fin de su inviolabilidad y, por otra, una muestra de ADN anónima que ellos atribuyen al rey y que coincide en un 99,9% con la de Solá.

Una parte de la izquierda política ha rechazado la idea del aforamiento, por considerar que, una vez que ha abdicado, el rey pasa a ser un ciudadano más y, como tal, sujeto a los mismos derechos y deberes. El gobierno y el principal partido de la oposición, el PSOE (socialista), respaldan el aforamiento de Juan Carlos I.

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.