Cambios de fondo a las pensiones de los militares

LA PRENSA ha consignado que el gobierno pretende eliminar los montepíos que la ley entrega a las hijas de militares solteras mayores de edad con derecho a pensión. Los gastos por este beneficio para el erario, que hoy en la práctica paga las pensiones debido a que las cotizaciones son con mucho insuficientes, significan unos $ 47.000 millones anuales, representando 6,9% del total de las pensiones. Además, se han conocido antecedentes que muestran que la edad promedio de jubilación de los efectivos de todas las fuerzas ha venido decreciendo, tanto entre oficiales como suboficiales.

La necesidad de eliminar dichos montepíos es evidente, pues se trata de un beneficio que obedeció a una realidad social muy distinta y que hoy no se condice con el principio básico de la seguridad social de atender estados de necesidad, conforme al cual sólo cabe mantener pensiones de sobrevivencia para hijos menores de edad o inválidos. Esta supresión fue rechazada hace algunos años por los partidos de la Alianza por una razón política que ninguna vinculación guardaba con la racionalidad de la medida. Mayor importancia tiene reparar el fenómeno de la creciente anticipación con que se están jubilando los militares, lo que exige ir a un análisis de fondo sobre la carrera y el sistema de pensiones que los rige, que tiene un enorme y creciente costo fiscal.

Los sistemas de jubilación de reparto han entrado en crisis en todas partes, porque al no haber relación entre el esfuerzo que se hace al cotizar y la pensión que se obtiene, se fomentan conductas para maximizar los beneficios y minimizar los aportes. El sistema de capitalización individual, introducido en forma pionera por Chile, se ha demostrado exitoso precisamente porque vincula el esfuerzo hecho con la pensión que se obtiene, sin perjuicio de correcciones en beneficio de los sectores más vulnerables, que son de cargo fiscal. Cuando este sistema se instauró, únicamente los militares fueron dejados al margen, manteniendo el sistema que los rige hasta hoy, por una razón técnica: no jubilan por vejez -que es un estado de necesidad- sino por antigüedad, factor que es inherente a la estructura piramidal de las Fuerzas Armadas y que en esencia no puede ser alterado. Sin embargo, ello no es fundamento suficiente para que sus miembros sean excluidos del sistema de capitalización individual, sino para que se haga con las necesarias adaptaciones. Todo país que aspire a tener un sistema de defensa que le garantice la paz debe pagar los costos asociados y entre ellos la jubilación temprana de los militares, que por regla carecen de alternativa laboral dada su formación profesional muy específica. Dentro del esquema de capitalización individual, esto significa pagar la brecha que se produce entre la edad general de jubilación (65 años) y a la que anticipadamente deben acogerse. Ello puede lograrse mediante un complemento de pensión o cotizaciones adicionales de cargo fiscal. El asunto requiere de un debate y un estudio técnico que determine la opción más eficiente y apropiada.

El Ministerio de Defensa no sólo debería impulsar cambios a los referidos montepíos, que con toda su importancia no apuntan al fondo de los problemas del sistema de pensiones de los uniformados. Al respecto, sería incomprensible que un gobierno de centroderecha descarte de plano incorporar a éstos al régimen de capitalización, que obedece a su ideario fundamental y que es tenido en muchas latitudes como un ejemplo a seguir.