Caso fragatas: condenan a oficiales (R) por corrupción

Una condena a cinco años de cárcel, con el beneficio de la libertad vigilada, la devolución de $ 40 millones desde cuentas bancarias y una multa de $ 210 millones fue la sentencia que ayer recibió el capitán (R) de fragata Juan Tapia Villalón y el ex gerente de marketing de la empresa Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) Patricio Basili Esbry. En total, los sentenciados deberán devolver al Fisco $ 250 millones.

Los dos oficiales en retiro de la Armada afrontaron un juicio abreviado en el que admitieron su participación en los delitos de cohecho, negociación incompatible, delitos tributarios y lavado de dinero. Por más de dos años, los fiscales de Ñuñoa Carlos Gajardo y Pablo Norambuena investigaron el pago de millonarias comisiones irregulares por la compra, en 2004, de cuatro navíos holandeses avaluados en US$ 350 millones. En la misma causa, también fue indagado un tercer sospechoso: el empresario Guillermo Ibieta, quien falleció en 2012.

Entre las pesquisas que realizó la fiscalía estuvo el levantamiento de las cuentas bancarias de los oficiales condenados. Esto permitió descubrir el traspaso de cerca de US$ 400 mil entre la sociedad Eurotechnology, vinculada a Guillermo Ibieta, y una cuenta en el extranjero del ex comandante Juan Alberto Tapia. En septiembre de 2012, un equipo especial de la PDI viajó a Holanda para tomar declaración a dos ejecutivos de la empresa Royal Schelde, firma que ejecutó las modificaciones a las embarcaciones nacionales. Esa empresa, además, estaba representada en Chile por Ibieta. Una pista que llamó la atención de los investigadores fue el depósito por US$ 500 mil que recibió un ex marino, por una supuesta asesoría.

Condena

Para lograr la sentencia dictada por el juez del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Manuel Escobar acreditó que los ilícitos se cometieron entre el 16 de junio de 2005 y marzo de 2011. El fiscal Carlos Gajardo dijo que "es la primera condena en la Fiscalía Oriente por lavado de dinero y es una de las primeras condenas en nuestro país en general por el delito de traficar armas".

Ambrosio Rodríguez, defensor de los condenados, recordó que "el juicio abreviado es una salida para evitar un juicio oral y una manera de que personas, que ya no son jóvenes, para decirlo suavemente, terminen en esta situación".

Añadió que "el panorama que se avizoraba era muy duro para ellos y sus familias, por lo que han aceptado como una forma de poner término a esta situación y seguir con sus vidas tranquilamente".