Caso Inverlink: Corte de Apelaciones revocó fallo que dejó libre a imputados

A poco más de un año que el ministro en visita del caso Inverlink, Patricio Villarroel, absolviera a los ocho involucrados en la venta de papeles de Corfo, que derivó en un fraude por $ 84.000 millones a la entidad, la justicia decidió revertir dicha sentencia.

La Quinta Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Juan Escobar Zepeda, Marisol Rojas y el abogado (i) Jaime Guerrero, decidió dictar penas de presidio de 800 días para Javier Moya Cucurella, ex jefe de la mesa de dinero de Corfo, y de 541 días para Eduardo Monasterio, socio de Inverlink; Eduardo Tapia, Luis Hernández, Lawrence Fletcher, Juan Pablo Prieto, Gino Tirapegui y Frank Leigthon.

Además, los ministros fallaron en favor de Corfo para la restitución de $ 26.462 millones por concepto de daño emergente (daño real sobre el patrimonio), que los ocho involucrados deberán pagar en forma solidaria.

BBVA, Corredores de Bolsa, también deberá hacerse parte en la devolución de los fondos a Corfo, por la responsabilidad derivada de la conducta de sus funcionarios Juan Pablo Prieto y Frank Leighton.

Sobre este punto, la corredora manifestó su rechazo a la condena de la Corte de Apelaciones, asegurando que "interpondremos los recursos judiciales que correspondan en conformidad a la ley, confiados en que la Corte Suprema restablecerá nuestra total inocencia, como fuera reconocido en el fallo de primera instancia".

Más de una década

El caso Inverlink estalló en 2003, cuando el entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, detectó la fuga de correos electrónicos desde su cuenta. La información privilegiada era desviada hacia Inverlink por la secretaria de Massad, Pamela Andrada.

Ese hecho revelaría la trama armada por Monasterio para malversar fondos provenientes de Corfo, a través de la venta de papeles de la estatal, sobre los cuales existía prohibición de ser transados. Además, acarreó como consecuencias la renuncia de Carlos Massad y la de Álvaro Clarke, superintendente de Valores y Seguros de la época.

Consultado sobre la demora del proceso, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, dijo que las sanciones "tienen su tiempo, son complejas y largas". Agregó que es relevante que existan este tipo de dictámenes, "porque significa que es posible sancionar los delitos económicos, que son difíciles de probar".

El abogado de Corfo, Álvaro Jana, se decalró satisfecho con el fallo y señaló que "confirma, luego de una larga batalla judicial de más de una década, la posición defendida por Corfo respecto de la ilicitud de las llamadas 'Operaciones Triangulares' y su contribución en el fraude y enorme daño sufrido por la institución".