Censo 2012: Contraloría ordena sumarios en el INE por irregularidades financieras en contratos

La Contraloría General de la República ordenó realizar una serie de sumarios administrativos en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), tras detectar irregularidades financieras en parte de los contratos que se realizaron en la Región Metropolitana (RM) para aplicar el Censo 2012. La medición fue cuestionada por parlamentarios el año pasado por tener una tasa de omisión de 9.6%; es decir, más de un millón de casas que no habrían sido catastradas.

El informe final fue publicado por el ente contralor a fines de febrero y se enfoca en el gasto realizado en la RM, donde se invirtieron más de $ 4 mil millones para cubrir 5.915 contratos a honorarios con censistas y jefes de locales, zonales y regionales. Sin embargo, la Contraloría sólo revisó el 2% de ese universo, (121 contratos por $ 80.736.409), encontrando fallas de control y pagos injustificados.

Los sumarios se cursaron debido a que, por ejemplo, se envió dos veces la misma nómina de personas para el pago del trabajo realizado, esto por un monto superior a los $ 110 millones. La Contraloría ordenó la restitución de los dineros, pero faltan por devolver más de $ 6 millones por doble pago y otro millón por honorarios que son superiores a los que se estipularon en los contratos.

El documento también hizo observaciones al pago de más de $ 3 millones en los sueldos de cinco censistas que no tenían contrato. En otros casos se canceló dinero sin tener la boleta de honorarios de respaldo y hubo 81 informes de cumplimiento del trabajo que no estaban firmados por superiores y por los cuales se desembolsaron sumas de $ 15 millones en remuneraciones.

Además, se detectaron irregularidades en el proceso de selección del personal, ya que el INE había licitado un contrato por $ 141 millones con la empresa Trabajando.com para reclutar y seleccionar a los censistas. Según el informe de la Contraloría, la firma entregó una preselección con 285 mil postulantes y el INE contrató a 5.784 personas para la RM. Sin embargo, se constató que 981 censistas fueron contratados por fuera, ya que no estaban en la nómina que entregó el sitio web.

Otro desorden financiero detectado fue la modalidad de pago, la cual debía ser mediante transferencias electrónica desde BancoEstado, pero de 320 transacciones revisadas, 89 no se realizaron por esta vía, sino mediante cheques extendidos a mano y "no contemplados en los instructivos del INE".

A junio de 2014, cuando estaba en desarrollo esta auditoría, existían "15 resoluciones de contratos sin tramitar", y se detectó un desfase de hasta nueve meses en otras 131 resoluciones de contratos a honorarios, desde el inicio del Censo.

A lo financiero también se suman aparentes desórdenes administrativos durante el proceso y "falta de control" de la información que venía de las encuestas. De 20 locales en la zona Metropolitana fiscalizados, en 18 "no se controló la entrega de los portafolios censales", que tenían las respuestas, dice el informe.

Además, esta región se dividió en cuatro áreas que dependían de jefes de zonales, pero luego de un mes de estar operativo el proceso, se decidió ampliar dichas áreas a ocho, con sus respecivos jefes zonales, sin que hubiese "una justificación", incluso después de consultada la entidad, señala la pericia.

Respuesta del INE

Desde la división jurídica del INE respondieron que "existen procesos disciplinarios que se iniciaron, con el fin de investigar hechos que revestirían irregularidades asociadas especialmente a contrataciones efectuadas durante el proceso censal del 2012, cuatro de ellas fueron enviadas a la Contralaría".

Agregaron que la nueva administración del organismo ha realizado un análisis de los procesos del Censo 2012, "con la finalidad de poder definir las acciones que deben ser implementadas en orden a contar con información, oportuna y de calidad, que es básica y esencial para el diseño de políticas públicas (...) sin embargo, existen datos y documentación a la que no ha sido posible acceder, sea porque las personas que a la época de ocurrencia de los hechos investigados por la Contraloría hoy no prestan servicios en este Instituto o porque no existen registros de los hechos que den cuenta de los fundamentos o mérito de definiciones adoptadas en su oportunidad".