Cierre de pasajes como medida para la seguridad ciudadana

La Cámara de Diputados acaba de aprobar en general una modificación legal útil y práctica que permitiría a los vecinos el cierre de los pasajes y vías locales sin salida, previa autorización de la municipalidad respectiva, y que tiene como finalidad reconocer esta medida como una herramienta más para enfrentar la inseguridad en los barrios.

Según la iniciativa, contando con un informe técnico de la Dirección de Obras de cada comuna -entre otras unidades-  el concejo municipal podría autorizar, a través de una ordenanza, el cierre y otras medidas de restricción de acceso en esas vías -que tienen el carácter de bienes nacionales de uso público y, luego, pertenecen a toda la comunidad- por un plazo no menor de un año ni superior a dos, susceptible de renovación.

Lo deseable es que las vías de uso general, cuya construcción y mantenimiento son costeados con recursos de todos los ciudadanos, sean de libre circulación y no se establezcan restricciones a su acceso. Diferente es el caso de las ubicadas al interior de los condominios, donde los residentes son propietarios del espacio común, en que depende de su decisión autónoma restringir o impedir el libre tránsito.

Sin embargo, la conveniencia de la libre circulación en los pasajes públicos debe ser contrastada con la realidad de inseguridad que viven hoy las personas, no sólo en lo que se refiere a impedir la delincuencia, sino también a la carencia de espacios seguros para la recreación y  actividades al aire libre con sus familias. En ese sentido, es innegable que la ciudadanía enfrenta un fenómeno de delincuencia que justifica que puedan establecerse restricciones al acceso y así ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida.

El Estado ha diseñado, implementado y financiado una batería de proyectos y políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, muchas de las cuales han tenido grados de efectividad, pero no han detenido, mucho menos revertido, la tendencia negativa existente. La opinión pública -según indican todas las encuestas- es conciente de esa realidad y percibe que su probabilidad de ser víctima del delito va en aumento.

Ante esta situación, una de las formas como ha reaccionado la comunidad es instalando por cuenta propia elementos de seguridad -como alarmas, botones de pánico, guardias particulares, etc. Entre esas medidas han ido en aumento las que buscan restringuir el acceso a los pasajes, con rejas y portones. Los propios ciudadanos, como resulta evidente, han puesto en la balanza dos bienes -la seguridad y la libre circulación- y han privilegiado el primero en detrimento de la movilidad.

El proyecto viene a reconocer esta opción y a establecer un marco para que se realice en forma ordenada y sometiendo cada caso a una revisión que considere aspectos de relevancia, como los de ordenamiento urbano, estéticos y de seguridad vial, entre otros.

Las autorizaciones deben estar, en todo caso, acotadas a las situaciones en que claramente se justifiquen, porque de lo contrario  podría ocurrir que su efecto terminase siendo contraproducente, transformando en solitarias muchas calles -por ende, más fácilmente utilizables para delinquir- o dificultando el acceso de la policía o de los servicios de emergencia.

Por ello, no sólo el concejo municipal deberá resistir la tentación de promover medidas de esta naturaleza con mirada "populista", sino que deberán minimizarse las otras externalidades negativas que provoque el cierre de pasajes o la circulación limitada por ellos. Parece también razonable que el proyecto establezca que las medidas tengan un horizonte temporal acotado y renovable, para que los propios vecinos y el municipio evalúen si, en el futuro, las restricciones al tránsito por sus calles pueden ser levantadas.

Para que esto último ocurra, sin embargo, el Estado -cuya tarea primordial es brindar seguridad a las personas- deberá ser más efectivo en el combate a la delincuencia y sus efectos.