CNA: formalizan a tres Ues. y cuestionan fondos que recibieron por lograr acreditación

El pasado viernes, la Fiscalía Oriente recibió un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, que indicaba que la Universidad del Mar, la Universidad SEK y la Universidad Pedro de Valdivia (UPV) no tenían mecanismos de fiscalización eficaces para evitar delitos como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cohecho.

Este antecedente se sumó a la indagación que los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena instruyen contra las tres universidades por su vinculación por el presunto pago de sobornos para obtener las acreditaciones. De acuerdo a la fiscalía, estas se habrían beneficiado con dineros del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Si se suman los fondos que recibieron estos planteles por el CAE entre 2011 y 2012, la cifra alcanza cerca de $ 16 mil millones.

A raíz de esto, ayer, Gajardo y Norambuena formalizaron a las tres universidades por el delito de soborno consumado, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.

Aunque en un principio la U. del Mar estuvo representada por su rector, Patricio Galleguillos, finalmente se designó un abogado penal público, pues no tiene representante legal. Por la Universidad SEK estuvo el actual rector, Oscar Acuña, y por la UPV, la abogada María Teresa Benavides.

Durante su exposición, el fiscal Norambuena indicó que desde el segundo semestre de 2010 y hasta comienzos de 2011, el entonces presidente interino de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, tuvo contactos con los rectores de esa época para que, supuestamente a través de pagos y favores, obtuvieran la acreditación.

Norambuena agregó que "producto de la acreditación que la CNA le hace durante el año 2011, la U. del Mar (cuyo rector era Héctor Zúñiga) obtuvo $ 2.753 millones sólo por concepto CAE. Recibiendo, además, el año 2012, según la información entregada por el Mineduc, otros $ 4.036 millones".

En conclusión, para el fiscal, "dichas conductas fueron ejecutadas en directo provecho e interés de la universidad, por cuanto su rector, autoridad máxima de la institución, consintió dar un beneficio económico a un funcionario público a cambio de tener la acreditación".

Norambuena recordó que Luis Eugenio Díaz también habría intercedido a favor de la UPV por supuestas asesorías que habría acordado con el ex rector Angel Maulén. El plantel tuvo ingresos de $ 2.709 millones en 2011 y $ 5.627 millones en 2012 por el CAE.

La Universidad SEK, a cuyo ex rector José Schroeder se le imputó la contratación de una "sobrina" de Díaz, recibió $ 859 millones por este concepto en 2012.

En todos estos casos, según el fiscal, "las conductas se desplegaron como consecuencia directa del incumplimiento por parte de la persona jurídica imputada de los deberes de dirección y supervisión, al no haberse implementado ningún tipo de modelo de organización, administración y supervisión tendientes a prevenir este tipo de delitos".

El rector de la U. del Mar, Patricio Galleguillos sostuvo que "serán los tribunales los competentes para señalar si hubo o no hubo algún ilícito y si había o no instalados procedimientos que garantizaran que estos ilícitos no fueran producidos. Por lo tanto, yo hoy día no tengo la capacidad de estar averiguando para atrás lo que estaba pasando".

Oscar Acuña, rector de la U. SEK, dijo que la imputación "carece de fundamentos. Discrepamos en el fondo y en la forma". Agregó que "la universidad no cometió ningún delito", y que "eso lo probaremos en la instancia correspondiente".

En la misma línea, Aldo Biagini, rector de la UPV, indicó que están "seguros de que saldremos adelante, porque estamos confiados en que esta universidad no ha cometido ningún delito".

Por estas imputaciones, las universidades arriesgan una multa de hasta $ 400 millones, la prohibición de celebrar contratos con el Estado y la pérdida del beneficio fiscal.