Cobro de estacionamientos Objeción de conciencia y aborto Capital humano a la calle Cambio de hora Tercer año del Papa Francisco Salar de Coposa Políticas poco asertivas para regiones

Señor director:

Frente a la renovada discusión parlamentaria del proyecto para regular el cobro de estacionamientos, es indispensable que los legisladores consideren el impacto de esta iniciativa en nuestros pacientes, diferente al que se produce en el comercio.

Actualmente el cobro de estacionamientos está liberado en casi la mitad de nuestros asociados, porque esos establecimientos poseen espacio suficiente para cubrir la demanda. Además, en muchas otras clínicas existe estacionamiento gratuito en los casos de urgencias y por un plazo adecuado para las consultas.

Sin embargo, de no mediar cobro, hay clínicas que por su ubicación verán superada su capacidad por personas que en realidad se dirigen a centros comerciales, ferias o universidades. Ello, con una consecuencia gravísima: los pacientes no encontrarán estacionamiento al asistir a los centros de salud, con lo cual su atención, incluso en los casos de urgencia, se verá demorada o impedida.

Por ello solicitamos a los legisladores que consideren la situación especialísima de las clínicas y hospitales, que no son centros comerciales y no deben ser tratados bajo la misma lógica. Las clínicas atendemos a pacientes que necesitan resolver sus necesidades de salud de manera oportuna.

Reitero la pregunta que formulé hace varios meses: ¿quién le responde al paciente que necesita atenderse de urgencia y no encuentra estacionamiento, mientras otras personas dejaron su auto en la clínica para ir al mall o a un restaurante?

Alfredo Schönherr Monreal

Presidente Clínicas de Chile

Señor director:

La definición de objeción de conciencia fue formulada por resolución de la Comisión de Derechos Humanos (ONU, 1995), y se refiere a "personas… que no deben ser excluidas del derecho de tener una objeción de conciencia al servicio militar".

El derecho se ejerce personalmente, ante una comisión oficialmente nombrada para conceder/denegar la objeción. No son las instituciones, movimientos, grupos o equipos de trabajo los que objetan, sino la persona que rehúsa actuar según derecho y contra sus convicciones. Si la ley establece un derecho que despenaliza el aborto en ciertas circunstancias, será contrario a la ley impedir el cumplimiento del derecho, por medio del ejercicio del derecho a objeción. Al ampliar la objeción de conciencia a una institución o un equipo de profesionales, se desatiende que el aborto es ejecutado por un médico, quien es responsable del acto.

Mientras más férrea o extendida sea la defensa de la objeción de conciencia, más expedita ha de ser la derivación de la solicitante para resolver la situación sin incurrir en dilación que puede tener consecuencias médicas negativas. Además, es preciso hacerse cargo que entre la indicación y realización de un aborto legalmente permitido, media un período de angustia para la mujer que no puede ser dilatado sin incurrir en daño moral importante.

Irlanda, 1981: Sheila Hodgers sufría un recurrente y metastásico cáncer, provocándole intensos dolores durante un embarazo que repetidas veces solicitó fuese interrumpido bajo la indicación de peligro de muerte para la madre. Sus solicitudes fueron rechazadas o desestimadas, hasta que dio nacimiento a una niña que murió inmediatamente. Sheila falleció dos días después por un cáncer diseminado, no tratado ni paliado por "proteger el embarazo".

En caso que la ley se pronuncie a favor de la objeción de conciencia ampliada, debiera incluir un articulado detallando -aquí no caben imprecisas "adecuaciones"- la normativa y estrategia que los objetores protocolicen para poner a disposición de la solicitante la resolución perentoria e impostergable de lo que la ley le autoriza, so pena de caer en ilegalidad por una objeción dilatoria y no resolutiva.

Miguel Kottow

Escuela de Salud Pública

Universidad de Chile

Señor director:

Muchos científicos están seriamente afectados debido a que han obtenido fondos para proyectos, que aún no pueden comenzar por demoras en la entrega de los recursos.

Por ejemplo, los que han obtenido proyectos de postdoctorado firmaron sus contratos a comienzos de noviembre de 2015, por lo que llevan casi cinco meses sin sueldo e, incluso, algunos se endeudaron comprando reactivos para iniciarlos. Aquellos que incluyen salidas a terreno en ciertas épocas del año tendrán retrasos adicionales, pero igualmente deberán terminar en el plazo estipulado en el contrato.

Una de las razones de los retrasos es el cierre de actividades realizadas anteriormente por esos investigadores en Conicyt, como becas de doctorado, trámite que ha experimentado cambios que no fueron informados oportunamente. Este papeleo puede demorar varios meses, y en algunos casos se solicitan nuevamente las certificaciones entregadas. Los afectados se sienten decepcionados del trato que les están dando. Así las cosas, se sienten obligados a manifestar su descontento.

Lo cierto es que nuestro capital humano avanzado, expresión que a varios no les gusta, se está desperdiciando y muchos se verán obligados a emigrar. Científicos a la calle porque no son escuchados; científicos que "están en la calle" porque no se planificó su formación y están sin trabajo. ¿Hasta cuándo en nuestro país habrá que salir a la calle para hacer ver nuestros puntos de vista?

Jorge Babul C.

Señor director:

El ministro de Energía Máximo Pacheco anunció que Chile volverá al horario UTC-4, o de invierno, por tres meses este 2016. Pero de acuerdo a las declaraciones hechas a la prensa el 28 de enero pasado, y en base a los resultados del estudio del Comité Interministerial entregado ese mismo mes, el ministro de Energía anunció que durante 2016 y 2017 se mantendría el horario de verano.

En base a los resultados del mismo estudio, resulta que ahora el Gobierno decidió cambiar a horario de invierno, pero solo por tres meses. Una mirada en mayor profundidad lleva a pensar que la arbitrariedad de esta decisión, respecto a un tema tan delicado, sí tiene un fundamento plausible.

Dicho estudio contiene información parcial del año 2015, ya que solo se hicieron mediciones hasta junio de dicho año. Respecto de los accidentes de tránsito, si se mira con detalle, el número de los mismos en 2015 es mayor en horario punta, comparado con años anteriores. Y respecto de delitos en espacios públicos, éstos solo disminuyeron en el horario 18:00 a 24:00 hrs. Lo que no menciona el ministro Pacheco, es que los robos aumentaron en el tramo horario de 7:00 a 9:00 hrs. Basta ver qué sucede con el tema "portonazos". El estudio también señala que junio de 2015 tuvo un alza de 2,4% en el nivel de ausentismo escolar en relación al mismo mes de 2014.

Afirmar que mantener el horario UTC-3 produjo un ahorro de un 1% sin utilizar ninguna metodología seria es más que cuestionable.

José Miguel Hofer

Ph.D. (c) Mineral and Energy Economics

Señor director:

Han pasado tres años desde que Jorge Mario Bergolio asumiera como Francisco, convirtiéndose en el primer Papa latinoamericano. Lo hizo en medio de una coyuntura extremadamente difícil para la Iglesia Católica. Sin embargo, en tres años de pontificado, se ha convertido en una de las figuras más mediáticas, queridas y respetadas del mundo.

Con un mensaje sencillo y directo nos ha invitado a reflexionar sobre nuestro quehacer como habitantes de este planeta. Nos ha comunicado incansablemente la urgente necesidad de paz. Ha invitado a las autoridades políticas a reflexionar sobre el deber que tienen de mejorar la calidad de vida de los más pobres y excluidos. De igual manera, a las autoridades eclesiales les ha exigido no quedarse en condenas genéricas, sino a que demuestren lo que ha llamado "coraje profético".

Sin duda, para el mundo católico, su mensaje más relevante ha sido mostrar el rostro misericordioso de Dios. Francisco ha sido "el misionero de la misericordia", recordándonos que Dios amó primero y que no se fija en miserias, porque su amor es inmensurable. Para una sociedad "enferma de soledad e individualismo", la invitación es a emprender esta "Revolución de la Ternura".

Orfelina Sepúlveda

Vocera de Voces Católicas

Señor director:

Se han cumplido 10 años de un hecho que no tenía precedentes a nivel nacional y que marcó un punto de inflexión en el ejercicio de los derechos de agua en el país: la dictación de la Resolución Corema de Tarapacá N°23, que reordenó las extracciones de agua subterránea en el Salar de Coposa, a fin de hacer compatible su uso con la conservación del humedal homónimo.

Hasta inicios de la década de 1990, muchos acuíferos relacionados con los humedales atoandinos se encontraban en régimen natural, sin extracciones de agua subterránea. A partir de entonces, comenzó a desarrollarse allí una floreciente minería que necesitaba agua para sus procesos. Las evaluaciones ambientales de estos proyectos coincidieron con una etapa en que el país recién daba sus primeros pasos institucionales en materia ambiental. Producto de ello, y de la complejidad de estos ecosistemas, se tuvo una amplia diversidad en el tenor de las calificaciones ambientales, así como en la fortaleza de las medidas de seguimiento.

En el Salar de Coposa en 2004, antecedentes técnicos revelaron la necesidad de realizar una revisión de las premisas de la calificación ambiental del uso del agua subterránea, dándose inicio a un proceso administrativo que luego de casi dos años permitió reconciliar el desarrollo de los acuíferos con la conservación del humedal. Se trató de un ejercicio de aprendizaje institucional cuya trascendencia fue recogida en la reforma a la ley medioambiental de 2010. El humedal de Coposa será parte de nuestro futuro gracias a ese esfuerzo del sector público y privado, que permitió encontrar el equilibrio entre desarrollo y conservación ecosistémica.

Orlando J. Acosta Lancellotti

Director Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea

Señor director:

Volver al horario de invierno sin considerar las dificultades que genera en algunas regiones extremas, no hace más que reafirmar la creencia de la clase política respecto de la uniformidad del país.

Las regiones tienen enfermedades diversas, que hay que tratar con los remedios adecuados. Así como no todos los enfermos necesitan la misma cura, no todas las regiones necesitan las mismas políticas públicas para desarrollarse.

Guillermo Pérez Ciudad