Colegio de Abogados sancionó a 38 profesionales por faltas a la ética en los últimos tres años

Es prácticamente un proceso judicial. Se presentan las denuncias y las pruebas. Se escucha a los implicados, al acusado se le da derecho a defensa y después se llega a un veredicto. Y aunque no son fallos judiciales, sí tienen como protagonistas a los abogados: se trata de las sanciones de ética que resuelve el colegio que reúne a estos profesionales. Según la presidenta del organismo, Olga Feliú, estas medidas buscan "velar por la transparencia y la intachabilidad del gremio".

De acuerdo a un informe al cual accedió La Tercera, el Consejo de Etica del Colegio de Abogados recibió desde 2011 al 30 de abril de 2014 un total de 403 denuncias. De ellas, 38 terminaron en condenas, con cinco personas expulsadas de por vida de la institución (ver recuadros). Dichas resoluciones llevan meses de indagatorias y, aunque no impiden el ejercicio profesional, sí marcan un precedente, pues las sanciones se publican en la revista de la orden.

Según Ignacio Moya, instructor del Colegio de Abogados, el mecanismo para investigar a un par tiene una serie de requisitos. "Calculamos que, en promedio, por año llegan 150 causas, las que tenemos que analizar en su mérito", señala. Para comenzar una indagatoria, es necesario que el acusado sea colegiado y que exista una relación profesional con el afectado. En la última etapa del proceso se realiza un juicio oral, donde ambas partes exponen sus argumentos ante una comisión.

Moya señala que la mayoría de las denuncias que llegan tienen que ver con el incumplimiento de deberes y apropiación de dineros de sus clientes. Las sanciones son la amonestación, censura por escrito, multas, suspensión y expulsión.

Olga Feliú precisa que las sentencias éticas "no tienen efectos en la vida profesional de las personas, porque no lo permite la Constitución, y se requiere de una ley para impedir el ejercicio". Solicitó a los parlamentarios agilizar la tramitación del proyecto que se envió durante el primer gobierno de Miche-lle Bachelet.

La Tercera intentó contactar, sin éxito, a los abogados que fueron expulsados.