Colombia impulsa amplia reforma a su Constitución a 24 años de ser aprobada

Desde 1991 que Colombia no registraba un cambio tan profundo en su Constitución. Casi un año después de haber sido radicada en el Congreso y tras ocho debates, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron el martes en su totalidad la denominada "Reforma de Equilibrio de Poderes", que contempla la modificación de 26 artículos legislativos. Esto significa que la ley quedó a un paso de entrar en vigencia; el próximo miércoles tres senadores y tres representantes de la Cámara serán los encargados de conciliar los textos aprobados y proponer uno para que el Congreso le de su bendición final. La actual carta fundamental colombiana fue aprobada en 1991 tras un amplio acuerdo nacional, sin embargo, ha sufrido varias modificaciones y hoy enfrenta su cambio más profundo.

El primer paso de esta reforma tuvo lugar el 3 de junio, cuando se eliminó la reelección presidencial. Ninguna persona que haya ocupado el cargo puede volver a hacerlo, a excepción que la prohibición sea derogada por un referendo o una Asamblea Constituyente. También se prohibió la reelección de algunos funcionarios, como los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el fiscal general, entre otros cargos.

Además, a partir de 2018 -año de elecciones presidenciales en Colombia- el candidato que no haya ganado y le siga en votos al ganador, tendrá derecho a ocupar un asiento en el Senado. Esto se aplica también a otros cargos como el Vicepresidente, gobernador y alcalde, pero ocupando un espacio en la Cámara, la Asamblea y el Concejo Municipal, respectivamente.

Sin embargo, hay varios puntos más en esta reforma. En 2009, para combatir la corrupción, se aprobó la denominada figura de la "silla vacía". Al menos en el papel, se trata de la "muerte política" para quienes hayan sido condenados por narcotráfico, delitos de lesa humanidad o que tengan nexos con la guerrilla. Así, el partido político que tenga a uno de sus miembros con procesos judiciales, no podrá reemplazarlo en el Congreso. Con esta enmienda a la Constitución, la figura se amplió para la administración pública.

Asimismo, uno de los temas que más le han aplaudido al Presidente Juan Manuel Santos, es el fin de la "puerta giratoria": los servidores públicos no podrán, en ejercicio de sus funciones, postular o contratar a personas con las cuales tengan parentesco hasta de cuarto grado.

Controversias

No todos han quedado conforme con la reforma. Desde que la anunciaron, los principales detractores han sido las altas cortes, ya que varios artículos los atañen. En mayo, los jueces y magistrados protestaron ya que consideraron que había una intromisión indebida del Ejecutivo y que la enmienda no resolvía los problemas estructurales de la justicia.

Uno de los puntos que más les molesta es la eliminación de la Comisión de Acusaciones, que será reemplazada por la de Aforados, organismo que investigará y acusará a magistrados y enviará los casos a la Corte Suprema. También causó gran revuelo la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que administra el área judicial.

Pero no sólo eso. Según un artículo publicado por la revista Semana, el equilibrio de poderes que anunció Santos es muy distinto al que fue aprobado. Este medio plantea que la reforma fue asumida por el gobierno como la oportunidad de depurar algunas prácticas y despolitizar la justicia. "En ese objetivo, el resultado no es victorioso", dice.

El mandatario había anunciado tres puntos que serían la columna vertebral de la reforma: la eliminación de la reelección; el fin del modelo de listas abiertas en las elecciones para corporaciones públicas -de senadores, diputados y alcaldes, entre otros-, promesa que no fue cumplida; y la creación de un Senado regional, ya que 14 de los 32 departamentos no tienen representación, asunto que tampoco fue aprobado.

Para los opositores, el gobierno se ha quedado en anuncios. El fiscal general, Eduardo Montealegre, decidió presentar una demanda en la Corte Constitucional apenas la enmienda sea publicada en el Diario Oficial.

El abogado José Gregorio Hernández planteó que hubo muy poca preparación y que "la reforma aprobada está muy lejos de corresponder a una estructura armónica e integral". "Es una reformita sólo de carácter menor que se introduce a la rama judicial", afirmó a La Tercera el analista político colombiano Jaime Castro.