Condenan a Junji a pagar $ 40 millones por caso de abusos

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó ayer una condena que ordena a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) a indemnizar con $ 40 millones a dos familias cuyos hijos fueron víctimas de abuso sexual en un jardín infantil de la VIII Región, cuyo autor se encuentra condenado.

Los menores pertenecían al grupo de cinco niños que en 2005 fueron abusados por un auxiliar de aseo del jardín infantil Boca Lebu. El Ministerio Público recibió más de 15 denuncias en contra del trabajador, de las que pudo corroborar cinco casos. Como autor de las agresiones está condenado Carlos Monsálvez Arias, quien está preso desde 2006, cumpliendo una pena de 10 años y un día de presidio.

Los magistrados del tribunal de alzada de Concepción estimaron que la Junji no había ejercido la labor de protección de los niños, por lo que condenó al organismo a responder solidariamente por los hechos. El fallo aumentó la indemnización dictada inicialmente por el Tercer Juzgado Civil de esa ciudad, que obligaba al servicio a pagar $ 30 millones.

La Corte de Apelaciones de Concepción dividió la suma en $ 12 millones para una de las víctimas; $ 7 millones para cada uno de sus padres; y $ 7 millones para los padres de otra víctima, la que no presentó demanda, por lo que no fue indemnizada.

"La demandada Junta Nacional de Jardines Infantiles, en todo caso, estará obligada a responder por el total de la reparación fijada en la sentencia", señala la resolución.

Reacciones

Alberto Gotelli, abogado de los familiares de las víctimas, manifestó que la indemnización "está en instancias de cobro, que, de acuerdo al procedimiento, cuando interviene el Consejo de Defensa del Estado se envían los antecedentes al Ministerio de Justicia, que los eleva a Hacienda para el pago. El tema está ejecutoriado en un fallo firme y ahora procede el cobro".

Sobre la resolución, la directora regional de la Junji, Patricia Escobar, dijo que está claro si el fallo será apelado a la Suprema, ya que está en manos del Consejo de Defensa del Estado.

"Frente a estos hechos ocurridos en 2005, acataremos lo que la justicia determine. Nuestra institución condena profundamente estos casos de abusos. Aún no sabemos si se apelará", señaló la autoridad del organismo en la VIII Región.

Escobar indicó que existe un equipo del servicio que trabajó con las familias afectadas para entregarles apoyo sicológico.

"Lo importante es recalcar que en nuestros jardines infantiles nos regimos por una política y protocolo de buen trato que pretende prevenir y dar una respuesta rápida en estos casos", dijo.

Agregó que "nosotros no vamos a tolerar ningún caso de vulneración de derechos. Toda persona que entre a la institución tiene que pasar por un examen".