Corte da razón a Santander en pugna por exclusivo proyecto inmobiliario

Desde 2005, la Municipalidad de Lo Barnechea y un fondo de inversión inmobiliario del Banco Santander estaban en pugna por la construcción de dos nuevas etapas del proyecto inmobiliario Parque Prager. El lunes, tras cuatro años de disputa tanto dentro como fuera de tribunales, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones resolvió acoger el recurso de protección interpuesto a principios de 2009 por el Fondo de Inversión Santander Inmobiliario Plusvalía, representado por los abogados Gabriel Zaliasnik y Francisco Velozo, contra la directora de Obras de la Municipalidad de Lo Barnechea (DOM), Joyce Brown. El tribunal ordenó a la Dirección de Obras acoger a tramitación los permisos de edificación de ese proyecto.

Pero el abogado y representante del municipio, Héctor Mery, señaló que antes del sábado realizarán la apelación del fallo ante la Corte Suprema.

Historia del conflicto

El Parque Prager es un exclusivo condominio emplazado en dos hectáreas de extensión en Lo Barnechea, cuya primera etapa fue entregada en mayo de 1999. Esta constaba de tres edificios (B, C y D) y la construcción de otros dos (A y E) quedó pendiente. En conjunto, totalizaban 60 departamentos, cada uno de ellos con precios de venta superiores a las 20 mil UF (más de $ 400 millones).

Tras la venta de la primera etapa, la crisis asiática llevó al Santander a retrasar la construcción de las otras torres. En 2005, el fondo de inversión solicitó la ampliación del permiso de edificación a la municipalidad para continuar con el proyecto, lo que fue rechazado por la Dirección de Obras. Según Héctor

Mery, "cuando se deja pasar un plazo de tres años sin hacer obras, los permisos caducan", lo que ocurrió en 2005. De acuerdo al profesional, tras la caducación del permiso, los contratos vigentes -donde se estipula el proyecto con cinco torres- eran válidos durante 180 días, pero el fondo de inversiones sostiene que son válidos 180 días luego de la construcción del último edificio, lo que no ha sucedido, por lo que el proyecto inicial no sufre modificaciones.

Según la Dirección de Obras de la municipalidad, para renovar el permiso de edificación es necesaria la autorización de los dueños, que son Santander más los vecinos. Por esta razón, el municipio exigió la aprobación de la asamblea de copropietarios del condominio, la que votó en contra.

Pero según el tribunal, que acogió el recurso por dos votos contra uno, Santander tiene legítimo derecho a construir en territorio de su propiedad los dos edificios restantes del proyecto. "Lo contrario implica, asimismo, un enriquecimiento sin causa de los copropietarios dueños de cada departamento", dice el fallo de 10 páginas.