¿Cruch o no Cruch? Un Consejo a la altura de la reforma

TENEMOS UN sistema de educación superior concebido con variedad de instituciones, misiones, objetivos y aportes. Si la extraordinaria expansión de la matrícula es motivo de celebración, la desregulación es preocupante y ha sido ocasión de abusos.

 El Consejo de Rectores (Cruch) responde a una lógica que no se condice con los actuales requerimientos de nuestro sistema. La necesidad de su ampliación es reconocida por varios miembros del propio Consejo, por organismos nacionales e internacionales y por muchos otros actores.

El sistema universitario requiere de una nueva institucionalidad, y es fundamental que la orgánica que creemos permita la participación de todas las universidades complejas, es decir, aquellas que cumplen las tres funciones: formación, generación de conocimiento y su puesta en valor público.

Si queremos un sistema verdaderamente democrático y moderno, debe haber reglas comunes de valor universal, exigencias de calidad compartidas por todos y una institucionalidad que pueda controlar el cumplimiento de la ley  y de las normas por parte de todas las instituciones. Las universidades que producen bienes públicos, sean estatales o privadas, deben tener acceso igualitario a la autoridad, aportes basales proporcionales a su contribución pública y todos sus estudiantes deben beneficiarse de la gratuidad y tener un trato igualitario en becas y otros beneficios.

Cualquier exclusión, que no se base en criterios objetivos, no está a la altura de lo que Chile necesita. Por lo tanto, en el consejo de universidades deben estar las universidades que cumplan con determinadas condiciones.

Calidad: la acreditación obligatoria es fundamental, y el actual sistema de acreditación tiene que ser mejorado. A la nueva institucionalidad deben acceder universidades que cuenten con políticas, normativa interna, sistemas de gestión y recursos coherentes con sus proyectos académicos.

Integración: deben asegurar acceso en función del mérito académico de los estudiantes y no según la disponibilidad de recursos financieros. Esto implica dos cosas. Primero, un sistema de admisión que entregue iguales chances a todos y se base en criterios objetivos; y segundo, participar de la gratuidad o contar con un sistema de becas que asegure una integración sociocultural y socioeconómica.

 Producción de bienes públicos, en docencia, investigación y en vinculación con el medio: el objetivo último de la institución universitaria es aportar al desarrollo integral de la sociedad; hacerse cargo de los problemas del país, formar profesionales y académicos idóneos y ser una voz crítica.

Autonomía y gobierno institucional: para la producción de bienes públicos es fundamental que las universidades generen sistemas de gobierno que aseguren autonomía académica, participación de distintos actores y libertad respecto de los tipos de controladores. Libertad respecto de los dueños de las universidades, para el caso de las privadas; libertad también que impida la captura de algunas universidades por grupos internos.

La nueva institucionalidad debe asegurar que toda universidad compleja pueda ser parte de ella y tener igualdad de trato por parte del Estado y la sociedad, y generar espacios para el desarrollo de proyectos docentes, técnicos o profesionales meritorios.

Eduardo Silva S.J.
Rector U. Alberto Hurtado