Cuprum y Argentum: La trastienda de la fusión

<P>Tamara Agnic puso su cargo de superintendenta de Pensiones a disposición de la Presidenta Michelle Bachelet. Mientras el gobierno aún no decide su suerte, versiones apuntan a que habría recibido influencias desde Hacienda en la aprobación de la fusión de las AFP Cuprum y Argentum. En esa cartera y en el ente regulador lo descartan. </P>




Aquí quedó pendiente una decisión y en el gobierno hay un impasse que la Presidenta no ha resuelto", advierte el ex senador DC y presidente de la agrupación Acusa AFP, Ricardo Hormazábal. "Lo que ocurra ahí, con esos US$ 400 millones que Chile pierde, es responsabilidad de la Presidenta, que es quien dirige este país", agrega.

El abogado, en primera instancia, habla de la ausencia de una decisión por parte de la jefa de Gobierno respecto a la continuidad, o no, de Tamara Agnic como Superintendenta de Pensiones (SP), quien puso su cargo a disposición hace un mes. Esto, luego que la Contraloría General de la República (CGR) cuestionó la aprobación de la SP a la creación de AFP Argentum y su posterior fusión con Cuprum: "No es admisible", consigna su dictamen.

Hormazábal se refiere también a parte de los dineros que involucró el movimiento, que derivó en que la estadounidense Principal Financial Group, controladora de esas dos administradoras, declaró un beneficio tributario, denominado goodwill, con el que puede diferir en 10 años el pago de unos US$ 130 millones en impuestos.

A esa cifra se suman los cerca de US$ 280 millones, por el mismo beneficio, en un caso similar: Metlife creó la AFP Acquisition para luego fusionarla con Provida y que también fue visada por la SP.

El silencio del Ejecutivo acerca del futuro de Agnic se rompió esta semana. En una sesión de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, oficializó un trascendido que circulaba desde hace semanas. El gobierno esperará un segundo pronunciamiento de la CGR, tras un recurso de aclaración ingresado por Agnic pidiendo anular el primer oficio.

Con todo, el caso amenaza con escalar. A la investigación penal que lleva el Ministerio Público -el diputado DC Fuad Chahín presentó una querella por prevaricación administrativa culposa contra Agnic-, se suman versiones que apuntan a influencias de nivel político, tanto en la aprobación del modelo escogido para llevar a cabo la fusión como en la decisión del Ejecutivo de mantener a Agnic su puesto.

Una fuente de gobierno afirma que el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, tiene ascendencia sobre la Superintendenta y que habría influido en las decisiones tomadas por ella en este tema. En ese sentido, comenta, a la ministra Rincón "no le pareció la fórmula empleada, mientras Micco influía en Agnic para que autorizara la operación".

Así las cosas, una vez que trascendió a la prensa la operación y comenzaron los cuestionamientos, Rincón y Agnic tuvieron un cruce de oficios. La ministra del Trabajo incluso le pidió "abstenerse de autorizar operaciones de la misma índole". Tiempo después, la Superintendenta aprobó la operación entre Provida y Acquisition y, para argumentar su postura, Rincón encargó dos informes en derecho que respaldan su oposición y que esta semana fueron entregados a la Comisión Investigadora. "La ministra no se aguantó el desafío de Agnic", dice la fuente.

Uno de esos informes, preparado por Jaime Jara, abogado y académico de la U. de Chile, señala que "la sugerencia formulada por la SP" de convertir a Principal Chile en una AFP -a la postre, Argentum- aparece en un oficio enviado a Cuprum. Y cita ese documento de la Superintendencia: "(La fusión) podría ser autorizada si, en forma previa, Principal Institucional Chile se constituye en AFP".

Otra fuente de gobierno plantea que, cuando se hizo público el dictamen de la Contraloría, Micco intervino en La Moneda, instando a que la decisión respecto al futuro de Agnic quedara supeditada a un nuevo pronunciamiento de la CGR. "Nadie sabía que el nuevo contralor se abstendría por un posible conflicto de interés", advierte. En efecto, el recién asumido contralor, Jorge Bermúdez, optó por abstenerse de revisar el recurso de aclaración de Agnic, pues antes de asumir fue consultado profesionalmente por la fusión de Provida y Acquisition, aunque ese trabajo no se concretó.

Micco aseguró que la información de los trascendidos "no es efectiva". Mientras, en la SP contestaron que la institución "manifiesta que la información proporcionada por fuentes no identificadas carece de toda veracidad. La Superintendencia de Pensiones no hará comentarios sobre informaciones falsas, de las que se desconoce su procedencia e intencionalidad".

Agregó: "(La SP) reitera y recalca que todas sus decisiones están totalmente ajustadas a derecho y acordes a las atribuciones que por mandato legal se le confieren, las que en ningún caso pueden ser ni han sido objeto de influencias del ámbito político".

Hormazábal indica que, de ser cierta la influencia, cabe la pregunta: "¿Por qué Tamara Agnic va a preguntarle al subsecretario de Hacienda, cuando de acuerdo a la ley la SP se relaciona con el gobierno mediante la Subsecretaría de Previsión Social y el Ministerio del Trabajo".

Más allá del nuevo dictamen de la Contraloría, que podría ser evacuado en los próximos días, en esta polémica han intervenido otros actores públicos. Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos Internos (SII) declaró en la Comisión de la Cámara que la operación "pareciera ser que cumple con las normas vigentes". El fiscal de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), José Antonio Gaspar sostuvo en la misma instancia que a ese organismo le "corresponde la inscripción del emisor de valores".

Pero fuentes que han tenido conocimiento de la investigación del Ministerio Público consignan que la SVS participó en mesas de trabajo para que "esto se pudiera ejecutar en tiempo y forma".

Según trascendió la AFP Cuprum -que es presidida por Hugo Lavados, quien fue ministro de Economía en el primer gobierno de Bachelet- ingresó un escrito a la Contraloría acusando una campaña de cuestionamientos. Como sea, es en este escenario en el que la Mandataria pronto deberá resolver el futuro de Agnic.

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