Debate por "cogobierno" en educación superior

EL DEBATE sobre el "cogobierno" estudiantil se ha vuelto a reactivar a raíz del proyecto de ley que presentó el gobierno para derogar una disposición que excluye a estudiantes y personal administrativo de participar con derecho a voto en el gobierno de aquellas instituciones de educación superior que no hayan sido creadas por ley. Se trata de una normativa que hoy resulta anacrónica y, por lo mismo, parece razonable eliminarla, en la medida en que ello se enmarque en el respeto a la autonomía académica de una entidad y la libertad que goza para organizarse según sus fines propios, los cuales corresponde fijar a su fundador o la ley, cuando se trata de instituciones del Estado.

En los fundamentos de esta iniciativa legal se explica que la propuesta contenida en el presente proyecto constituye una aspiración largamente planteada por los estudiantes y sus organizaciones, lo que hace evidente que la motivación principal de este proyecto es un gesto hacia el movimiento estudiantil, el cual ha planteado la "triestamentalidad" como uno de sus objetivos declarados. Por ahora, se trata de una iniciativa esencialmente formal, porque se limita a derogar una disposición que impide la participación de estudiantes y personal administrativo en el gobierno de una institución, pero tampoco obliga a ello, conservando el derecho a determinar su forma de organización. En virtud de esto último, es consistente que no se impongan limitaciones para que una institución determine libremente la forma en que estructurará su gobierno.

Sin embargo, parece evidente que el movimiento estudiantil y sectores más ideologizados ven en esta iniciativa un primer paso para promover un cogobierno en las instituciones de educación superior, una forma que dañaría no sólo el funcionamiento de las instituciones, sino también la propia autonomía de las organizaciones estudiantiles. Si bien es posible encontrar algunas experiencias internacionales donde existe la triestamentalidad, no constituye una práctica generalizada y ninguna de las mejores universidades del mundo contempla esta forma de gobierno. Se ha entendido que la designación de un rector, la elección de decanos, la elaboración de los planes de estudio, contratación o promoción de profesores y las grandes decisiones que involucra cualquier actividad académica de excelencia deben ser realizadas por personas con la suficiente experiencia para ello y con la responsabilidad institucional que otorga la trascendencia que va más allá de una generación estudiantil. Ello no se contrapone con la generación de espacios que recojan la opinión de los estudiantes, para lo cual deben existir canales formales, debidamente considerados. La libertad de cátedra o la autonomía académica podrían verse gravemente afectadas al favorecerse las formas más extremas de participación.

La prohibición que actualmente se busca derogar de la ley chilena, si bien a la luz de los tiempos resulta anacrónica, su dictación -a comienzos de la década de los 80-, probablemente fue una reacción a un período traumático marcado por el conflicto y la instrumentalización de los claustros universitarios. A la luz de los estándares actuales, una institución de educación superior debería estar llamada a fomentar la participación activa de sus alumnos, pero de una forma que no se comprometa la viabilidad del proyecto educativo y el derecho de sus organizadores a conducirlo.