Detienen en Bolivia a ex novia de Evo por un caso de fraude

<P> Gabriela Zapata es acusada de enviar cartas con propuestas a nombre del gobierno. Fue pareja de Evo Morales entre 2005 y 2007.</P>




Las autoridades bolivianas detuvieron ayer a la ex novia y madre de un hijo fallecido del Presidente Evo Morales, Gabriela Zapata. Esta empresaria de 28 años, lobista de varias empresas chinas afincadas en el país y gerente comercial de CAMC -la principal contratista de esta nacionalidad del Estado- ha sido acusada de enviar cartas con propuestas de negocios a nombre del gobierno sin autorización.

Evo Morales perdió el domingo el referéndum que planteó para reformar la Constitución y poder habilitarse para postular por cuarta vez consecutiva en las elecciones de 2019, al final de su actual mandato. Uno de los motivos de su derrota fue el escándalo que estalló pocas semanas antes de los comicios y que reveló la existencia de Zapata y de su relación con el presidente.

En ese momento, Evo Morales afirmó que la relación solo había durado de 2005 a 2007 y terminó luego de la muerte del hijo que la pareja concibió. El presidente dijo no haber vuelto a ver a la mujer desde entonces, aunque luego tuvo que matizar esta afirmación, por la aparición de una foto que lo mostraba con ella en una fecha posterior.

En torno a esta revelación se produjeron innumerables conjeturas y rumores, pero también se revelaron cartas firmadas por Zapata para predisponer a determinadas autoridades a favor de las empresas chinas que decía representar, o para solicitar reuniones de negocios. En las cartas que hasta ese momento se filtraron, Zapata no afirmaba que ocupaba un puesto oficial.

Tráfico de influencias

Al calor del escándalo también se supo que la empresaria tenía una vida de lujo, se daba caprichos como no pagar las sanciones por infracciones de tránsito, pagaba a las revistas del corazón para aparecer en sus portadas y buscaba una alta exposición social.

Evo Morales ha dicho que fue un desliz personal, pero no un caso de tráfico de influencias, puesto que Zapata había actuado sin su consentimiento. Antes del referéndum, la justicia ejecutó el cobro de una penalización por US$ 86 millones contra CAMC para garantizar su papel en la construcción de un ferrocarril, el cual no había podido concluir a tiempo.

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