Discusión de la reforma educacional en el Senado

LA COMISION de Educación del Senado iniciará, a partir de la semana entrante, la discusión formal de la reforma educacional. Lo hará en un contexto complejo, marcado por recriminaciones mutuas entre representantes del propio oficialismo, así como por movilizaciones pacíficas y críticas fundadas de padres y apoderados que se consideran directamente perjudicados por los proyectos aprobados en la Cámara de Diputados.

Aunque las tensiones al interior de la Nueva Mayoría no son nuevas y habían quedado en evidencia en procesos anteriores, como en la discusión de la Reforma Tributaria, es ahora cuando la coalición enfrenta su mayor desafío en términos de unidad y consistencia de sus postulados. Porque de la misma forma en que el programa de gobierno se convirtió en el aglutinante para partidos políticos de distinto origen, principios y valores, el detalle de los cambios que se proponen en materia de educación escolar ha servido para evidenciar las distintas concepciones de sociedad que difícilmente consiguen convivir al interior del conglomerado.

No podía ser de otra manera. Porque tras la intención de reducir la segregación social, equivocadamente atribuida a la existencia de lucro, copago y selección en el sistema educacional, como sostiene el ministro del ramo, se esconde una consecuencia de mayor envergadura, como es la limitación para que los padres puedan traspasar a sus hijos el fruto de las ventajas que han conseguido en el tiempo. Un derecho que el sistema educacional vigente garantiza, precisamente, mediante la coexistencia de colegios municipales públicos, particulares subvencionados, con y sin copago, y particulares pagados. El financiamiento compartido, en este contexto, no es sinónimo de abuso ni tampoco la expresión de un supuesto afán de los padres y apoderados por fomentar la segregación social. Por el contrario, es el uso de recursos generados por el esfuerzo laboral de los padres, sacrificando el bienestar presente para invertir en un mejor futuro para sus hijos, lo que debe no sólo ser permitido sino premiado por la sociedad.

No es, por cierto, la única inconsistencia de la reforma educacional en trámite. El proyecto, tal como está planteado, supondrá un innecesario desvío de recursos para compensar a las actuales sociedades educacionales por el traspaso obligado de los inmuebles hacia corporaciones sin fines de lucro, pero es en este particular impacto sobre los derechos de los padres a potenciar la educación de sus hijos donde el voto de los parlamentarios ilustrará su concepción de sociedad.

Por lo mismo, no parece conveniente avanzar en una fusión del trabajo que deben desempeñar las comisiones de Educación y de Hacienda de la Cámara Alta como proponen algunos sectores. Además de tratarse de una medida extraordinaria sin una clara justificación, terminaría por diluir las decisiones que cada integrante de estas comisiones debe tomar de cara a los electores.

Lo que sí corresponde es solicitar una discusión profunda, acabada e informada de los proyectos, con amplia participación de los sectores involucrados y la suficiente evidencia estadística. Este proceso debe requerir todo el tiempo necesario, considerando siempre que una errónea política educacional tardará años en dejar su huella en el desarrollo humano del país.