Donoso, el abogado que se interpuso a la fiscalía

El nombre de Samuel Donoso Boassi volvió a llegar a las manos de Michelle Bachelet a principios de enero de 2014. Por ese entonces, la Mandataria electa -que alistaba su regreso a La Moneda por un segundo mandato- definía al elenco de personeros que conformarían su gabinete y el abogado de 49 años integraba la terna que le presentó el PPD para nominar a su ministro de Justicia.

Bachelet finalmente escogió para el cargo al ex senador José Antonio Gómez, pero el nombre de Donoso volvió a ser integrado en las propuestas que el partido que dirige Jaime Quintana ofreció a la hoy Presidenta -por ejemplo- cuando se discutía el nombramiento del intendente de Santiago.

Aunque no lo nominó para ningún cargo de primera línea en el gobierno -el abogado sólo terminó integrando el directorio de la Polla de Beneficencia-, Donoso estaba lejos de ser un desconocido para Bachelet, así como tampoco lo es para la elite de la Nueva Mayoría, especialmente la del PPD, partido en el que milita desde su fundación, en 1987, y donde llegó a la secretaría general en la directiva que presidió la hoy alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, entre 2010 y 2012.

Por estos días no son pocos los que han recordado sus vínculos con el abogado, quien lidera la ofensiva judicial desatada por el ex gerente general de Soquimich (SQM) -ligada al empresario Julio Ponce- para intentar eludir o dilatar la acción de la fiscalía en una de las principales aristas derivadas del caso Penta. El Ministerio Público buscaba acceder a la información contable de SQM tras supuestas boletas falsas destinadas a encubrir financiamientos irregulares a campañas políticas.

A diferencia de lo ocurrido con Penta, empresa que privilegió mayoritariamente la entrega de recursos a candidatos de la UDI, las sospechas apuntan a que SQM financió campañas de todo el espectro político, varias de ellas -según ha trascendido en los propios pasillos del Ministerio Público y La Moneda- de importantes personeros de la Nueva Mayoría.

Fuentes que conocen del caso sostuvieron que las boletas y facturas de la empresa contienen antecedentes que podrían llegar a involucrar con pagos a más de medio centenar de personas, entre autoridades y colaboradores de campañas políticas. La información más sensible apuntaría a cinco o seis boletas reiteradas a políticos y a la existencia, incluso, de facturas personales emitidas por éstos a SQM, lo que explicaría la investigación de cohecho por parte de la fiscalía.

Fue a través de los movimientos contables de María Carolina de la Cerda -cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, hoy en prisión preventiva, imputado por delitos reiterados de cohecho, fraude tributario y lavado de activos en el marco del caso Penta- que el fiscal Carlos Gajardo llegó a SQM. De la Cerda había emitido en julio de 2009 una boleta a la minera, la que -según declaró al persecutor- era en realidad una triangulación para la campaña senatorial de Joaquín Lavín.

Samuel Donoso, quien trabajaba regularmente para SQM y Ponce, fue contactado por esos días para comenzar a monitorear el caso.

Las cosas parecían calmarse para la empresa cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) acotó la búsqueda al mes y año en que De la Cerda facturó a SQM. Pero la tranquilidad fue efímera, ya que en sólo 30 días de contabilidad que se le permitió acceder a Gajardo existían registros de 19 contribuyentes, entre los cuales se encontraban colaboradores y parientes de políticos.

El Ministerio Público refrendó, entonces, sus sospechas de prácticas de financiamiento irregular a campañas y pidió la contabilidad de SQM entre 2009 y 2014.

Así empezó la batalla.

La "guerra civil"

Quienes han conversado con Donoso por estos días escuchan reiteradamente la frase "esta es una guerra civil". Con esas palabras, el abogado -quien ha desempeñado un rol en los cuatro más grandes casos judiciales con connotación política de los últimos años: MOP-Gate, coimas, Spiniak y el 27/F- se refiere a la batalla que sostiene contra la causa que lidera Chahuán.

La tesis jurídica que Donoso intentó defender durante esta semana es relativamente simple. Según ha sostenido, el Ministerio Público no tiene atribuciones para acceder a la información contable de SQM entre los años 2009 y 2014 sin una querella o denuncia del Servicio de Impuestos Internos.

Por ello, en un primer intento, el miércoles 11, y en representación del entonces gerente general de SQM Patricio Contesse, presentó una cautela de garantías para que fuera el tribunal el que resolviera la entrega de antecedentes solicitada por la Fiscalía Nacional. Una vez que el Octavo Juzgado de Garantía rechazó la petición, el abogado contraatacó y acudió al Tribunal Constitucional para solicitar su intervención en el conflicto de atribuciones e intentar que cualquier indagación quedara radicada exclusivamente en el Servicio de Impuestos Internos, adonde la minera había resuelto derivar los antecedentes.

Aunque al cierre de esta edición el SII terminó entregando a los fiscales la información de la empresa de Ponce, Donoso ha dicho en privado que aún se guarda "varios conejos bajo la manga" para tratar de contener la acción del equipo que lidera Sabas Chahuán.

Uno de ellos es intentar establecer posteriormente que esa información constituye una "prueba ilícita", ya que la fiscalía no podía acceder a ella sin una previa denuncia del SII, la que hasta el momento de la entrega de los antecedentes no existía. La otra, en caso de que el TC falle en su contra (lo más probable, según varios conocedores del actuar del tribunal), no descarta la presentación de un recurso de protección ante tribunales para blindar los antecedentes.

Los resultados de la ofensiva legal de Donoso son seguidos paso a paso con expectación en la Alianza y el oficialismo.

No pocos están convencidos de que los resultados de esta disputa legal determinará el alcance que logre el Ministerio Público en la búsqueda de prácticas irregulares de financiamiento de campañas políticas.

Más aún, en la propia fiscalía aseguran que Donoso es una pieza de un engranaje mayor que se activó cuando las sospechas sobre la arista SQM amenazaban con poner en jaque a oficialismo y oposición y, peor, aún a la propia sede de gobierno.

No es la primera vez, en todo caso, que el abogado navega en las inquietas aguas donde los casos judiciales pueden generar coletazos impredecibles en la clase política.

El abogado de Girardi

En agosto de 2006, también ante el Tribunal Constitucional, Donoso ganó una batalla clave en favor del senador PPD Guido Girardi.

El parlamentario enfrentaba a una cincuentena de ejecutivos de las AFP que se habían querellado en su contra luego de que éste los calificara de "delincuentes de cuello y corbata" por las ganancias de sus instituciones.

Girardi corría el riesgo de perder su inmunidad parlamentaria y enfrentar un juicio por injurias y calumnias, cuando Donoso presentó un recurso de inaplicabilidad e inconstitucionalidad ante el TC. La premisa del abogado -que selló una relación de férrea cercanía con el líder PPD, al obtener un fallo favorable del organismo- fue apelar a que "la norma del Código Procesal Penal que regula el desafuero en delitos de acción privada viola el debido proceso, porque obliga a la Corte de Apelaciones a pronunciarse exclusivamente en base al mérito de la querella y priva al parlamentario de rendir pruebas a su favor". En palabras simples, el tribunal resolvió resguardar el fuero del parlamentario e invalidó la acción en su contra.

Los querellantes alegaron que el fallo creaba una inmunidad para los parlamentarios para que éstos puedan "injuriar y calumniar" a cualquier persona sin que exista un procedimiento para perseguir su culpabilidad. El líder PPD celebró.

El caso -aseguran diversas fuentes de esa colectividad- hizo crecer el peso específico de Donoso en las filas girardistas. De ahí en adelante, el abogado ha litigado en favor de varios de los personeros cercanos a ese sector, como el ex jefe de gabinete de Girardi, Ricardo Farías, quien fue condenado en 2007 a 541 días de presidio remitido y al pago de una multa de 21 UTM por estafa al Fisco, luego que se determinara que incluyó dos facturas falsas de la empresa Publicam para justificar ante el Servicio Electoral gastos de la campaña electoral del senador por Santiago Poniente.

Ahora último, también, ha representado al alcalde de Melipilla, Mario Gebauer, hoy PS, ex PPD cercano a Girardi, en algunas causas penales.

Cercanos al senador por Santiago Poniente también afirman que en medio del caso Spiniak fue un consejero permanente de Girardi cuando éste se vio entrampado en un polémico episodio con un menor (L.Z.), quien lo acusó de regalarle unas zapatillas para involucrar a parlamentarios de la Alianza en la red de pedofilia del empresario. Donoso -en todo caso- ha señalado que su rol en el caso fue "menor" y que se limitó a representar en la causa al entonces diputado Antonio Leal, quien fue requerido como testigo.

La conexión con el hombre fuerte del PPD es tal, que en 2008 Donoso aceptó ser candidato a concejal por Cerro Navia -histórico bastión del girardismo-, pero no resultó electo.

Cercanos a Girardi, en todo caso, sostienen que al abogado le reconocen sus méritos profesionales y que está lejos del perfil de "operador".

Lo cierto es que Donoso ha cultivado una ascendente carrera profesional, primero en el estudio jurídico de Alberto Espina y Carlos Zepeda. Hoy es socio junto a Juan Pablo Hermosilla y Pedro Yaconi en el estudio jurídico Hermosilla & Compañía.

En 2014 la medición internacional Chambers and Partner incluyó a Donoso como uno de los abogados más connotados a nivel latinoamericano en manejo de delitos económicos, compartiendo sitial con figuras como Jorge Bofill, quien defiende a Carlos Bombal, Manuel Tocornal y Samuel Irarrázabal por el caso Penta.

Cercanos al abogado PPD sostienen que el holding de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín tampoco es desconocido para él, ya que también le ha prestado servicios profesionales.

Expulsión de Ávila y Schaulsohn

Aunque hasta la fecha presta servicios legales a Girardi, Donoso cultiva una aún más estrecha relación con el ex senador y ex ministro Sergio Bitar. "Es un gran abogado y en el PPD siempre ha defendido las posiciones políticas más centradas", afirmó Bitar a Reportajes.

Fue de la mano del ex ministro que Donoso comenzó una ascendente carrera en esa colectividad, que tuvo su punto más alto cuando fue electo secretario general en 2010, en una directiva que lideró Tohá.

El episodio -en todo caso- terminó en escándalo cuando el abogado presentó su renuncia al PPD un año después, luego de que la hoy alcaldesa no aprobara su nominación para el Consejo de la Transparencia. A fines de 2011, el Presidente Sebastián Piñera envió un oficio al Senado en el que se proponía a Donoso para integrar el citado organismo, pero el documento debió ser retirado del Parlamento ante el rechazo de una parte del PPD.

Tohá se molestó porque no fue consultada por la propuesta que negoció directamente Girardi con el entonces ministro Cristián Larroulet.

Además de la nominación inconsulta con una parte de la dirigencia PPD, el nombre de Donoso produjo resquemores en la derecha, especialmente la UDI, debido a que en enero de 2003 había dejado el cargo de presidente del Tribunal Supremo de su partido para hacerse cargo de la defensa de Héctor Peña Véliz, dueño de la empresa Gate.

La indagación de la citada empresa tras la denuncia de un autorrobo de una secretaria abrió el peor escándalo de corrupción vinculado al gobierno de Ricardo Lagos: el MOP-Gate.

Cercanos al abogado sostienen que asumió la causa tras una serie de mensajes de la propia Moneda. A esa fecha, Donoso era un reconocido laguista en la colectividad. De hecho, a fines de 2002, en pleno gobierno de Lagos y como presidente del Tribunal Supremo del partido, el jurista lideró la expulsión del entonces senador Nelson Avila de las filas pepedé, cuando éste amenazó con levantar una candidatura presidencial paralela a la de la Concertación.

Cuatro años después, en 2006, ya fuera del TS, habría jugado un papel clave en las presentaciones que se realizaron ante el organismo disciplinario y que terminaron con la también expulsión del ex diputado Jorge Schaulsohn del PPD. Este acusó una "ideología de la corrupción" en las filas oficialistas.

Por estos días, la representación del ex ejecutivo de SQM también ha generado un debate en el PPD sobre la mantención de la militancia de Donoso, quien además integra la directiva nacional de la colectividad. "No elijo las causas que litigan los militantes abogados del PPD, así como tampoco escojo las clínicas en las que trabajan los militantes médicos. El PPD es un partido de hombres y mujeres libres", señaló el presidente de la colectividad, Jaime Quintana, a Reportajes.

"Si el partido se dedica a perseguir a los militantes por la forma en que ejercen su profesión, quedamos en el estalinismo", remató Bitar, al ser consultado por la ofensiva de quienes piden que Donoso renuncie al PPD por su rol en la arista SQM.

Defensa de Bachelet

La Mandataria Michelle Bachelet conoce bien a Donoso. De hecho, fue su abogado en 2013 en una querella que presentaron un grupo de vecinos de La Pintana en contra de la Presidenta, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y el ex titular del MOP Sergio Bitar. Los querellantes acusaban pagos indebidos para cancelar obras de mitigación asociadas a la construcción de la autopista de Acceso Sur a Santiago, que habrían ocasionado perjuicios a ese sector.

Los vínculos de Donoso con el círculo íntimo de la Presidenta tuvieron un salto sustantivo en 2010. Tras el terremoto se iniciaron acciones legales en contra de las ex autoridades que enfrentaron la crisis del 27/F: uno de ellos fue el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, quien pidió a Donoso que lo representara.

Así, el abogado PPD se integró al equipo jurídico y comunicacional que comenzó a monitorear la causa y que, además de Donoso, estaba integrado por el ex ministro Enrique Correa y el hoy titular de Interior, Rodrigo Peñailillo, además del abogado Luciano Fouillioux, quien representa a la ex directora de la Onemi Carmen Fernández y al ex ministro Edmundo Pérez Yoma.

La lógica con la que trabajó ese equipo ha sido alejar a la Mandataria de cualquier eventual responsabilidad en la fallida alerta de tsunami que la madrugada del 27 de febrero de 2010 costó la vida -según la fiscalía- de 156 personas.

Por estos días, la causa también vive horas clave ante el Tribunal Constitucional.

Frente al TC

En su batalla en contra de la fiscalía por la arista SQM, Donoso pelea contra el tiempo. A fines de abril se cumple el plazo de prescripción de algunos delitos tributarios de las boletas emitidas en 2009, un año en el que hubo elecciones presidenciales y parlamentarias.

A los jueces de la Segunda Sala del TC, el recurso de SQM les llegó a sus manos a las 12.30 del martes 17. Los ministros Carlos Carmona (presidente de la sala y del tribunal, cercano a la DC y ex funcionario de La Moneda durante varios gobiernos de la Concertación), Gonzalo García (militante DC y ex subsecretario de Guerra), María Luisa Brahm (ex jefa de asesores de Piñera en el segundo piso de La Moneda ), Iván Aróstica (ex director Jurídico del Ministerio del Interior durante la administración pasada) y el ex diputado UDI Cristián Letelier, aseguran fuentes del TC, tuvieron una áspera discusión sobre el recurso de SQM.

Dos de los ministros habrían argumentado que la presentación no procedía y que debía ser desestimada por aspectos formales, pero la mayoría se inclinó por acogerla a tramitación y fijaron para el miércoles 25 la audiencia en que se escucharía a las partes y se decidiría sobre la admisibilidad del recurso. Mientras tanto, ante la inexistencia de una acción penal por parte del SII en contra de SQM, la fiscalía quedaba paralizada por algunas horas de investigar delitos tributarios en la minera.

La determinación del TC generó polémica. Esa noche, algunos ministros del TC comentaron en privado su preocupación por los efectos negativos que había tenido su decisión en la imagen del tribunal, pese a que, esgrimen, es habitual que los recursos de inaplicabilidad se vean en forma expedita y se decreten medidas cautelares.

La preocupación se hizo aún más evidente entre los miembros del TC durante la mañana del miércoles, luego de que el fiscal nacional exigiera al SII entregarles los antecedentes contables de SQM en un plazo de 48 horas. El recurso que había interpuesto Donoso ante el TC para cerrar la puerta a las indagaciones sobre SQM perdía sentido, y fallar sobre el mismo sólo sería costo para el TC.

La salida al caso la abrió -involuntariamente- el propio abogado. El jueves 19, Donoso presentó una aclaración ante el TC para impedir que la fiscalía pudiera solicitar al SII la contabilidad que la minera había entregado voluntariamente. Tras un áspero debate, los ministros de la Segunda Sala del tribunal decidieron pedir a las partes que informaran sus opiniones sobre el asunto, dando tres días de plazo desde el momento en que fueran notificadas. Sin embargo, no reiteraron la medida cautelar en contra del Ministerio Público, dando luz verde para que reciban de parte del SII el pendrive con la contabilidad de SQM.

No todos lo visualizaron de inmediato, pero desde ese momento se inició la cuenta regresiva para los políticos que figuran en los listados de la empresa.