Dos años peleando en Nueva York

DOS años atrás, la Corte Suprema de Nueva York conoció el problema en que se vio involucrada la firma española Azvi tras adjudicarse la construcción y concesión de la ruta que uniría La Serena con Vallenar. En el caso están enfrentados el grupo hispano y Scotiabank, de Canadá y, aunque el juez que ve la causa ya dictó una sentencia contraria a las aspiraciones de la firma hispana, el caso puede prolongarse por varios años más.

Entre abril y agosto de 2012, la hispana Copasa y dos subsidiarias de Azvi, Cointer y Azvi Chile, presentaron en Nueva York una demanda en contra de Scotiabank, por graves negligencias e incumplimiento de contratos. Las demandas buscaban reparaciones por US$ 80 millones.

Estas empresas de infraestructura reclamaron que en 2010 habían acordado con Scotiabank que una sección del banco haría los cálculos para determinar el monto óptimo que el consorcio español debía ofrecerle al Ministerio de Obras Públicas de Chile para adjudicarse la construcción y posterior concesión del tramo carretero entre La Serena y Vallenar, de 187 kilómetros.

Una vez ganada la licitación, otra área del banco proveería el financiamiento para ejecutar el proyecto.

El consorcio ganó la licitación, ofreciendo desarrollar este tramo por US$ 265 millones. Esto es, unos US$ 92 millones menos que el siguiente oferente.

Cálculo mal hecho

Pero las celebraciones duraron poco. Los españoles se dieron cuenta, en diciembre de 2010, que el cálculo que les sugirió ofertar US$ 265 millones habría estado mal hecho.

Según la demanda, los más altos ejecutivos de Scotiabank reconocieron a sus pares españoles que un "empleado junior" había aplicado un modelo financiero errado para este tipo de proyectos.

Si se aplicaba bien el modelo, dicen las empresas en su demanda, el precio ofertado debió ser superior en US$ 82 millones. Esa cifra igualmente los hubiera hecho presentar la propuesta de menor costo.

Después de que Scotiabank reconociera el problema, las partes se pusieron a negociar distintas vías para solucionar el entuerto.

De acuerdo con la información presentada ante la Corte Suprema de Nueva York, Copasa quiso que Scotiabank se hiciera parte del proyecto con un 49% de la propiedad. El banco lo rechazó y Copasa, al ver que la iniciativa no sería rentable, se retiró del consorcio.

En marzo de 2011, Scotiabank ofreció asumir un tercio de la propiedad del proyecto, lo que sí entusiasmó al consorcio. Pero, para agosto, Scotiabank no habría cumplido los términos del acuerdo, según indica el documento de la corte.

Más tarde, en octubre de 2011, Scotiabank ofreció darle financiamiento al proyecto a cambio de un 25% de la propiedad y otro 25% para una firma canadiense, SNC-Lavalin, que integraría el consorcio.

Esta última alternativa tampoco prosperó, debido a varias diferencias con los españoles. Reconociendo que no tenía espaldas financieras suficientes, Cointer le informó al MOP que no podía desarrollar el proyecto y se retiró.

El MOP, por su parte, cobró una boleta de garantía por US$ 10 millones al no constituirse la sociedad concesionaria, monto que está incluido dentro de la suma reclamada por las firmas españolas como reparación de daños.

La batalla legal

Las demandas contra Scotiabank en Nueva York, durante 2012, fueron el siguiente capítulo en la saga.

El año pasado, sin embargo, el tribunal rechazó los reclamos de Copasa y la mayoría de los planteamientos de Cointer.

En particular, rechazó el argumento de que Scotiabank actuó con negligencia, al permitir que se aplicara mal el modelo y no se cumpliera un protocolo que lograra prevenir ese tipo de errores, según alegó el abogado Jay Auslander, del estudio neoyorquino Wilk Auslander, representante de Copasa.

La corte, dirigida por el juez Peter Sherwood, determinó que el error de Scotia no tiene la magnitud suficiente para sustentar los argumentos.

Este rechazo del juez Sherwood está siendo apelado por Cointer, explica uno de sus representantes en la Corte, el abogado Peter Calamari, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, en Nueva York.

Lo que sigue sin definir es si Scotiabank estaba obligado a cumplir el acuerdo de octubre de 2011 con Cointer, respecto de hacerse parte del proyecto y financiarlo. La firma hispana alega que sí, mientras que el banco dice que no, según el más reciente de los documentos ingresados a la corte.

El abogado de Scotiabank en la causa, Daniel La Guardia, no respondió consultas. Un vocero de Scotiabank en Toronto dijo que como el caso se está tramitando ante los tribunales, no harían comentarios.

Si la corte decidiera que Cointer tiene razón, tendría derecho a pagos indemnizatorios por parte de Scotiabank que Calamari prefiere no detallar, en ausencia de un visto bueno de Cointer.

Mientras todo lo que el juez Sherwood ha rechazado está en apelación, el punto sobre el acuerdo de 2011 sigue su curso normal. Dentro de poco, anticipa Calamari, se le pondrá término al período de exhibición de pruebas y declaraciones, tras lo cual se entrará en juicio, explica, para pasar luego a las apelaciones.

"¿Cuánto puede durar esto? Nadie lo sabe; hay juicios que demoran poco y otros tardan varios años en resolverse. Podemos decir que estamos más o menos en la mitad del proceso", observa Calamari.