Dueños de mina San José ofrecen $ 60 millones a trabajador que perdió una pierna

Sin juicio ni condenas podría terminar la investigación del accidente en el que el minero Gino Cortés perdió la pierna izquierda el 3 de julio mientras trabajaba como fortificador al interior de la mina San José.

En este caso están formalizados por lesiones graves los dueños de la Minera San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny. El próximo 5 de noviembre se realizará una audiencia, en la que se discutirá un acuerdo reparatorio.

Fuentes de ambas partes confirmaron a La Tercera que los abogados de la minera Gonzalo Insunza y Catherine Lathrop ofrecieron a la defensa de Cortés dar término a la causa, mediante el pago de $ 60 millones como reparación. Esta oferta fue rechazada en un principio, por lo que han continuado con las negociaciones para terminar con la única causa en que los empresarios son investigados.

La Fiscalía de Caldera formalizó cargos, además, contra el gerente Pedro Simunovic y el jefe de operaciones, Carlos Pinilla, argumentando que tres semanas antes de que ocurriera el accidente un cargador golpeó la pared en el nivel 60 y provocó daños en el techo.

Según el Ministerio Público, esto fue alertado por los trabajadores a sus superiores, pero no se priorizó su reparación y tampoco tenían los materiales para realizarla. Finalmente, el 3 de julio le cayó el planchón de 100 kilos a Cortés.

El minero dijo que "todo se verá en esa audiencia. Pero la oferta que me han hecho hasta ahora no se acerca ni a la mitad de lo que nosotros encontramos justo".

Agregó que "después de todo esto, ellos van a poder salir caminando, mientras que yo perdí mi pierna".

Sobre el posible acuerdo, la abogada de la empresa Minera San Esteban, Catherine Lathrop, dijo que los términos de éste y el monto están protegidos bajo confidencialidad.

El fiscal jefe de Caldera, Gabriel Meza, adelantó, en todo caso, que se opondrán al acuerdo, porque se trata de un delito grave. "Sólo se puede aplicar esta salida a delitos como cuasidelitos de homicidio", dijo. En 2008, la firma pagó $ 90 millones a la familia de un minero que murió aplastado por una roca.

Derrumbe

De terminar el caso en acuerdo, la única causa que se seguirá indagando será el derrumbe que dejó atrapados a los 33 mineros.

Los policías tienen en su poder videos y fotografías registrados por los trabajadores durante su encierro, con los que se hará un informe para determinar eventuales fallas de seguridad.

Si el fiscal del caso, Héctor Mella, decide que se deben hacer peritajes al interior de la mina, se dispondrá de un equipo de policías entrenados y con herramientas, que deberá bajar al yacimiento para analizar el sitio donde se originó el desplome de material.

Además, se evalúa tomar declaración a los rescatistas y, de ser necesario, contactarse con personas que colaboraron en las faenas de salvataje y que a la fecha se encuentran en el extranjero.b